Peleas, lobbies, internas, posicionamientos políticos, estrategias legales. Todo en torno al proyecto minero San Jorge, en Uspallata, que se ha transformado en mucho más que la búsqueda de cobre y oro, especialmente para el gobierno de Celso Jaque. Tanto, que es el motivo de una tensión extra en su gabinete, que podría terminar con la salida de varios funcionarios.

Políticamente el proyecto tiene aval, pero el Gobierno difícilmente logre su cometido de tenerlo aprobado completamente durante este año. Lo que no se imaginaba Jaque es que las diferencias entre sus funcionarios serían parte del motivo de esa demora.

Las peleas entre la Secretaría de Medio Ambiente y el Ministerio de Infraestructura no serían tanto problema si no fuera que ambas reparticiones comparten la autoridad de aplicación en temas mineros. Hay quienes aseguran que hay un tinte de "sobreactuación" en esa disputa y que en realidad todos están a favor de aprobar el proyecto, pero con matices.

Esas diferencias tendrán que dirimirse en breve: ambas reparticiones deben ponerse de acuerdo para firmar la Declaración de Impacto Ambiental. Incluso hasta se habló de la insólita situación de que haya dos "declaraciones distintas" que sean elevadas a la Legislatura, algo no contemplado en la reglamentación.

La salida intermedia a la aprobación o el rechazo, es dar la autorización pero "condicionado al cumplimiento de las instrucciones modificatorias que señale la Autoridad Ambiental Minera", una opción que sí tiene en cuenta el inciso B del artículo 22 del decreto 820, que reglamenta el proceso de evaluación ambiental de la minería.

Esos condicionantes podrían ser la aprobación del derecho de agua por parte de Irrigación y hasta la impermeabilización de la zona donde se hará el proceso, entre otros.

Las diferencias de criterio se encarnan en Guillermo Carmona y Walter Vázquez. Sobre Carmona, que quiere ser candidato a gobernador, pesan acusaciones internas de intento de posicionamiento político. Y sobre Vázquez y el Ministerio de Infraestructura también pesan las acusaciones de responder al lobby minero por su cercanía a los representantes de la empresa San Jorge.

Carmona tenía decidido irse del Gobierno por las presiones internas y con él partirían también varios funcionarios allegados que no están en Medio Ambiente. Las acusaciones se agravaron. "Sabe que si Jaque lo echa, se posiciona dentro de la interna", explica un conocedor del PJ.

En el gabinete de Jaque el camino está "casi despejado" para dar luz verde al proyecto, con Jaque, Francisco Pérez y Alejandro Cazabán a la cabeza y con el apoyo de los intendentes. Hay otros, como Raúl Mercau, que son más cautos, pero tampoco se oponen. "Hay gente en el peronismo que tiene reparos con el proyecto, pero no se oponen públicamente por orden partidaria", aseguró un legislador del PJ.

Desde los sectores ambientalistas aceptan algunas decisiones de Carmona pero desconfían de sus intenciones y aseguran que en realidad "si quería exigir más a la empresa, tuvo la oportunidad de hacerlo antes y no lo hizo".

Pero la pelea Carmona-Vázquez no es lo único que demora el proyecto. Aún hay dudas sobre algunos aspectos técnicos y financieros. Por eso al mismo tiempo que aseguran que será aprobado por el Gobierno, San Jorge tiene un destino casi seguro para el año que viene: Tribunales.

Es que hay quienes ya analizan estrategias judiciales, cuestionando el proceso de evaluación de impacto ambiental, basados en algunos de los informes sectoriales que le bajaron el pulgar al proyecto, como los de Irrigación y la UNCuyo. Las demandas que vendrán, se sumarán a otra estrategia de rechazo: las protestas en la calle. Todo en pleno año electoral.

En la empresa son conscientes de que el tema puede judicializarse pero aseguran que confían en la solidez de su plan. "El proyecto está flojo de papeles. Va camino a la Justicia si no lo reparan antes de aprobarlo", explicó uno de los estrategas del "no a la minería". "Eso nadie lo puede prever ni impedir. Generalmente los recursos se presentan por temas procedimentales y la empresa ha cumplido todos los requisitos", aseguró un allegado a la firma.

Las exigencias

En las reuniones de la Ceiam (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera) se transparentaron muchas de las dudas que hay acerca del proyecto y la empresa. Entre otras cosas se plantearon reparos sobre la solidez financiera de "Coro Mining", la empresa que tiene a cargo el proyecto y que es considerada una firma junior dentro de la industria.

Por eso se hizo hincapié, incluso con aval del Gobierno, en exigirle que contrate un seguro y constituya un fondo de garantía.

Luego de la resolución de la Ceiam, el Ejecutivo debe emitir la Declaración de Impacto Ambiental y la Legislatura es quien tiene la última palabra para aprobarlo o no. Allí aseguran que los legisladores votarán sin responder a órdenes de bloque y respondiendo más a decisiones personales.

Incluso, el proyecto podría tener un doble paso por la Casa de las Leyes pues, según una resolución de Medio Ambiente, necesita aval legislativo para otorgarle el derecho de agua para el uso del arroyo El Tigre.