El gobernador Oscar Jorge se reunió el lunes pasado con los abogados que llevan adelante la demanda de La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel. “La razón está de nuestra parte”, aseguró.
El gobernador Oscar Jorge se reunió con los abogados Gregorio Badeni y Dora Laplacette, quienes llevan adelante la demada de La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel. Dijo que el encuentro fue para ver cómo está avanzando la causa, las presentaciones que piensan realizar y las visitas a La Pampa. "Se trata de mantener vivo nuestro reclamo. En Mendoza ha causado una repercusión importante. Hubo una publicación a través de Telam que generó una respuesta fuerte de Mendoza. Creo que tienen que estar preocupados ya que la razón está de nuestra parte, no tiene sentido romper los ecosistemas, hoy es injustificable", aseguró.
Consultado si desde Mendoza han tenido algún tipo de contacto después de la presentacion de la demanda el año pasado, Jorge dijo que “después del juicio no he tenido ninguna conversación con el gobernador Francisco Pérez. La Pampa ha dialogado, hemos firmado un convenio en el año 2008, el que no aprobaron. Además la presidenta, Cristina Fernández, puso al jefe de Gabinete Abal Medina y tuvimos reuniones de horas. Evidentemente hay una negativa de Mendoza. No pueden decir que La Pampa no hizo todo lo que tenía que hacer para finalmente llegar un juicio para que dirima la Corte como corresponde con la Constitución Nacional".
En mayo del año pasado, el gobierno de La Pampa demandó a Mendoza solicitando que se declare el incumplimiento de la provincia cuyana a la sentencia de la Corte Suprema del año 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río Atuel, considerado "interprovincial" por este mismo tribunal.
La presentación fue directamente contra el Ejecutivo mendocino aunque también involucró al Estado nacional como "tercero obligado", debido a que no cumplió con su papel de "administrador" en ese territorio. Se trata de la segunda demanda iniciada por un gobierno pampeano por este conflicto vigente entre ambas provincias, pero hoy también la Corte analiza la presentación en ese sentido del abogado santarroseño Miguel Palazzani.
El texto de la demanda, compuesto por unas 400 hojas, indica que el daño ambiental económico provocado a La Pampa sería como mínimo de unos 100 millones de pesos anuales a valores de hace tres años, según los cálculos establecidos a partir de un Estudio de Cuantificación Económica elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa en 2012.


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