Primero fue el registro de causas impunes: la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal y Pupilar se hizo eco de este reclamo histórico de Alberto Lebbos y de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, y anunció la intención de crear un banco de casos no esclarecidos (hay al menos 380, según el comité). Ayer fue el turno de la reglamentación de una serie de normas que el padre dePaulina Lebbos exige desde hace una década. Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público, informó a este diario que también había hecho suya esta petición mediante el envío de una nota al gobernador Juan Manzur.

La nueva solicitud se ajusta al reclamo de Lebbos y comprende tres normas: de Protección de Testigos (Ley 7.860); de Asistencia a la Víctima del Delito (Ley 7.867) y de Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones (Ley 8.267 modificada por la Ley 8.309). Todos estos textos legales fueron sancionados durante la gestión del ex gobernador José Alperovich, pero nunca aplicados, justamente porque faltaba la reglamentación. Alperovich guardó silencio frente a los pedidos insistentes de Lebbos: la nota enviada a Manzur para instar la confección de los reglamentos pendientes supone un giro respecto de este asunto puesto que, antes de asumir como ministro público, Jiménez se desempeñó durante 11 años como ministro de Gobierno y de Justicia alperovichista.

“Las leyes en cuestión serían herramientas útiles para la función del Ministerio Público a los fines de promover la acción de la justicia en defensa del interés de la ciudadanía y de los derechos de las personas”, manifestó Jiménez en una nota de prensa. 

La Legislatura con mayoría oficialista aprobó la Ley de Protección de Testigos en diciembre de 2006. Este instrumento crea el Departamento de Protección de Testigos en el ámbito del Ministerio de Seguridad Ciudadana, órgano que tiene como finalidad la adopción de medidas especiales para la protección de la vida y de la integridad física de los testigos (y de su núcleo familiar) que hubiesen colaborado con investigaciones judiciales complejas o aberrantes. La protección, según la ley, debe regir durante un plazo de hasta dos años. 

También a finales de 2006, año en el que ocurrió el crimen impune de Paulina Lebbos, la Legislatura dio el visto bueno al Programa de Asistencia a la Víctima del Delito. Esta política, que debía ser aplicada por la Secretaría de Derechos Humanos, otorga asesoramiento legal gratuito y protección especial a quienes sufren los hechos ilícitos.

En 2010, el Poder Legislativo sancionó la Ley de Prevención y Asistencia a las Adicciones con el objetivo de que exista una política integral orientada a contrarrestar el consumo de estupefacientes y de sustancias adictivas. La ley promueve la investigación, la prevención, la rehabilitación, la reinserción social, el desarrollo de programas, la educación, la capacitación y la acción comunitaria.

Además de sumarse a los pedidos de Lebbos (reglamentación de normas y registro de casos impunes), Jiménez solicitó al Gobierno la autarquía del Ministerio Público, condición que le permitirá librarse de los controles que ejerce la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre la administración del presupuesto y del personal. Esta seguidilla de requerimientos empezó en enero, cuando Jiménez visitó a Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, para darle su versión sobre los “dichos temerarios” del Colegio de Abogados de la Capital, entidad que sostiene que su denuncia penal contra el ex fiscal Guillermo Herrera corre riesgo de impunidad, sobre todo desde que el camarista Enrique Pedicone dijese a la Corte que el ministro público y otros magistrados le habían impedido revisar una resolución favorable a Herrera. 

Tras la audiencia con Garavano, el ministro público anunció la existencia de una crisis general y estructural en el Poder Judicial de Tucumán. Esta apreciación; las causas de Herrera y la cuestión de la autarquía generaron tensiones entre Jiménez y la Corte. En febrero, el vocal René Goane dijo que el jefe de los fiscales “estaba enloquecido y medio zafadito” por pedir un Ministerio Público autárquico.

REACCIÓN

LEBBOS: “SÓLO FALTA QUE JIMÉNEZ, ALPEROVICH, MANZUR Y JALDO VENGAN A LAS MARCHAS”

Alberto Lebbos se niega a que el caso de su hija Paulina sea usado por Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, en su cruzada contra la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “A esta altura sólo falta que Jiménez, (el ex gobernador José) Alperovich, (el gobernador Juan) Manzur y (el vicegobernador Osvaldo) Jaldo vengan a las marchas contra la impunidad de los días martes”, ironizó Lebbos en un diálogo telefónico con este diario. “A ellos no les interesa nuestra causa. Todo es oportunismo”, añadió. Lebbos recordó que junto a la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad exige desde hace años al Gobierno que reglamente las leyes de Testigo Protegido, de Asistencia a la Víctima de Delitos, y de Prevención y Asistencia a las Adicciones. “Me parece bien que lo hagan alguna vez, pero, ¿por qué no ocurrió antes? Parece que a Jiménez le quedaba lejos el despacho del ex gobernador Alperovich o del ex vicegobernador Manzur y, por eso, en estos 10 años en los que él fue ministro de Gobierno y de Justicia no se ocupó de que se reglamenten las leyes”, chicaneó. E interrogó: “¿cuántos casos quedaron impunes porque los testigos no se animan a hablar por miedo? ¿Cuántos jóvenes murieron por las adicciones sin recibir asistencia? ¿Cuántas familias víctimas de delitos están desamparadas?”.