“En el mismo carácter que opina ella, y a título personal, yo no estoy de acuerdo primero porque nuestra Constitución tiene un compromiso con la religión católica que aparece en el Preámbulo. Allí hay un compromiso hacia una postura respetuosa de Dios y eso que nuestra carta magna no es vieja porque se renovó en 1994 y sin embargo se mantuvo este compromiso religioso”, afirmó el magistrado al ser consultado por diariouno.com.ar.

Pérez Hualde -quien es católico- dijo que respeta el pensamiento ateo, pero que “no poner nada no es una postura neutral tampoco, es otra opción. En el terreno jurídico, la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo discusiones muy ricas al respecto y actualmente hay estados en los que se invoca a Dios antes de cada sesión del parlamento y otros en los que no”.

Si la idea de Argibay prospera, no implicará que en Mendoza se deba hacer lo mismo y que haya que retirar todos los crucifijos de los lugares públicos porque ese poder no dicta facultades administrativas a las cortes provinciales. “En algunos juzgados hay crucifijos y en nuestra sala de reuniones también, pero nunca se planteó ésto para la provincia. Aún cuando hubo un ministro de la Corte que era ateo”, dijo Pérez Hualde.

Argbibay instaló el debate en la sociedad la semana pasada cuando aseguró que nunca tuvo un crucifijo en su despacho porque es “una funcionaria de un Estado laico, como es el argentino” y agregó que “tener un símbolo religioso condiciona". Dijo que esa opinión es compartida por la vicepresidente, Elena Highton de Nolasco, y que también le comentó su idea a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral.

Posiciones encontradas

Este portal consultó a dos profesionales y una jueza, quienes aportaron puntos de vista a favor y en contra de la iniciativa.

Para el abogado Carlos Lombardi la medida es necesaria porque “no hay religión oficial del Estado en Argentina que faculte a los órganos estatales a colocar simbología religiosa, sobre todo de la religión católica. Creo que hay un ejercicio abusivo de la libertades religiosas por parte de funcionarios y magistrados, por eso adhiero a la opinión de que en las dependencias oficiales no debe haber signos religiosos”.

En contraposición, la jueza del Tercer Tribunal Tributario, Gabriela Ábalos, manifestó que “ toda nuestra historia constitucional tiene como participe a la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que evidencia una tradición constitucional argentina unida con una religión preponderante por sobre las demás”. Y agregó que: "Mi opinión es que la tradición costumbrista de tener símbolos tiene que ver con esa historia y en ningún debate podemos desconocer nuestra historia en este tema. Si bien es un estado laico, siempre tuvo este trato preferencial para con esta religión que no implica menoscabar la libertad de culto”.

Ábalos, por ejemplo, fue quien colocó el crucifijo que hay en su juzgado y aseguró que lo consensuó con la gente con la que trabaja. “A mí como jueza no me limita porque mi obligación es aplicar las leyes. No me provoca ninguna situación de parcialidad a la hora de juzgar a una persona, pero como profesora de Derecho Constitucional sí respeto la tradición de la presencia del Dios católico en el Preámbulo de la Constitución”.

Por otro lado, el abogado Marcelo Puerta –y ex director del penal Almafuerte durante la gestión de Julio Cobos- está al frente de la ONG 20 de Septiembre que promueve el librepensamiento y el humanismo en la provincia y opinó que “el Ejecutivo tiene que explicar por qué hay símbolos religiosos en las oficinas públicas porque en ningún lado dice que tiene que ser así”.

Esa organización presentó a fines de 2009 una nota en Casa de Gobierno, el Poder Judicial y la Legislatura pidiendo que expliquen “en qué norma legal se basan para ostentar símbolos religiosos en ámbitos públicos”. La única respuesta llegó de un asesor del Ejecutivo que se amparó en el artículo 2 de la Primera Parte de la Constitución Nacional que dice que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano".

Para Puerta la respuesta es errónea porque no justifica la presencia de los símbolos y aseguró que "pensamos iniciar acciones legales porque queremos que la Justicia se exprese al respecto”.