El Gobierno provincial justicialista y los municipios radicales comenzarán mañana la segunda parte de la discusión por 300 millones de pesos anuales en la que se encuentran enfrascados desde la semana pasada, en medio de la primera contienda de alto contenido político que estalló en los inicios de un año electoral decisivo para definir el color de las próximas gestiones en Mendoza y los departamentos.

La polémica no sólo incluye la proporción del reparto de los fondos públicos entre los niveles provincial y comunal del Estado mendocino sino también el volumen que alcanzarán el dinero a distribuir y la forma que tomarán las herramientas legales de gestión en ambos niveles.

El choque se produce entre un PJ y una UCR que aspiran a conservar su condición de oficialista donde gobiernan (provincia o municipios) y dejar atrás la de opositora donde no gobiernan.

Por un lado, las comunas radicales (también las más silenciosas demócratas y justicialistas) defienden para este año la llegada de un porcentaje mayor de dineros (18,8% en lugar de 14%) sobre la base de la modificación de la ley de coparticipación municipal, aprobada en 2009.

Por el otro, la Provincia destaca que para que los municipios puedan realmente recibir más fondos no sólo debe haber un porcentaje mayor de distribución sino también una masa de dinero superior sobre la cual aplicar el nuevo porcentaje.

Y resalta, para presionar a la oposición, que para que ello ocurra es necesaria la aprobación de la Ley Impositiva (que eleva Ingresos Brutos y Sellos) y la sanción del Presupuesto 2011, que prevé las partidas a distribuir entre las comunas.

"Vamos a cumplir con una ley de coparticipación municipal de la que fuimos principales promotores, pero necesitamos el marco institucional y de recursos para su aplicación", dicen en la Casa de Gobierno.

La reforma a la ley de Coparticipación Municipal aumenta el envío a las comunas de lo recaudado por Ingresos Brutos, Sellos y Coparticipación Federal, además de Inmobiliario, al tiempo que sostiene -sin modificaciones- los porcentajes históricos de coparticipación en Automotor (70%) y regalías petroleras (12%).

"Nos corresponde el 18,8% en lugar del 14% y cualquier liquidación menor es retención indebida de fondos", truenan las comunas. "Necesitamos la aprobación de la ley Impositiva y el Presupuesto", insisten en un Gobierno que asegura que no quiere "entrar en conflicto con los municipios" y que recuerda con énfasis que "el Presupuesto 2011 contiene el plan de obras en los departamentos".

El viernes pasado cinco intendentes radicales amenazaron con iniciar querella al gobernador, Celso Jaque, en caso de que no cumpla con la reforma que reconoce 4,8 puntos más a las comunas.

Los intendentes Gustavo Pinto (La Paz), Alfredo Cornejo (Godoy Cruz), Gerardo del Río (Rivadavia), Eduardo Giner (Tunuyán) y Mario Abed (Junín) recibieron -de inmediato- la respuesta del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, a cargo de la estrategia durante las vacaciones del Gobernador.

"Hacen falta el Presupuesto e Impositiva para asegurar la aplicación de la coparticipación", enfatizó el funcionario justicialista. "Condicionar la nueva coparticipación al Presupuesto es extorsión", acusó Cornejo.

Dos escenarios

Los municipios mendocinos enfrentan dos escenarios probables de menor crecimiento en sus ingresos previstos: en un caso ante una eventual falta de aplicación de la nueva ley de coparticipación (Hacienda ya liquidó 21 millones en lugar de 28,5 como anticipo de enero "por ausencia del crédito presupuestario que permita hacerlo") y en el otro, por la eventual falta de aprobación de las leyes Impositiva y de Presupuesto 2011, lo que terminaría resintiendo la recaudación.

Los intendentes radicales -sobre la base de números elaborados por el ex ministro de Hacienda, Enrique Vaquié- denuncian que una liquidación del 14% y no del 18,8% a lo largo del año, significará una pérdida de ingresos del 25% para todos los municipios, lo que represnta 309 millones de pesos.

Esta eventual caída significaría 5 millones de pesos menos para Malargüe y 39 millones de pesos menos para Guaymallén a lo largo del año, pero estos montos se han estimado sobre los valores de recaudación previstos en la Ley Impositiva y en el Presupuesto 2011 que -precisamente por oposición del radicalismo- carecen aún de aprobación legislativa.

En el Ministerio de Hacienda prevén calcular cuánto perderán los municipios si el Senado no ratifica la "media sanción" de Diputados a las leyes Impositiva y de Presupuesto 2011, aún aplicándose el 18,8% de la ley de coparticipación.

En este escenario de bloqueo legislativo a esas dos normas, debería prorrogarse el Presupuesto 2010.

Ya sin la mejora de ingresos que implicarían los aumentos de impuestos propuestos por el Ejecutivo, la suba de 4,8 puntos en favor de los municipios en el reparto significará entonces una mejora de 244 millones de pesos anuales para todas las comunas (ya no de 309 millones) al descontarse de los fondos a distribuir los 65 millones de pesos que aportarían a la torta de la coparticipación la aprobación de la discutida ley Impositiva en el Senado.

Hay que tener en cuenta que la falta de aprobación de esa ley significaría que no habría suba del 3 al 3,5% de la alícuota de Ingresos Brutos, ni se eliminaría parcialmente la tasa cero a la construcción ni a la minería, lo que provocaría una caída en la recaudación prevista para este año y la consiguiente baja en la masa coparticipable.

Aunque, obviamente, no habría consecuencias sobre la parte de los impuestos nacionales que llega a Mendoza (4.190 millones de pesos) y se reparten Provincia y municipios.