La iniciativa para reformular la Carta Magna de 1916 fue presentada por el propio gobernador, el ministro de Gobierno Félix González y el secretario Legal y Técnico Fernando Simón y contempla cambios en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Régimen Municipal, el Electoral y declaraciones generales y sobre Derechos y Garantías.

El proyecto –que consta de ocho artículos – ya está en la Casa de las Leyes y deberá ser debatido tanto por los diputados como por los senadores.

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Si logra aprobarse en la Legislatura, los ciudadanos deberán votar por Sí o por No y luego llamar una convención constituyente integrada por 48 diputados y 38 senadores.

Según Jaque “este es el momento de apertura para que hagamos una verdadera discusión” y aclaró que esta es una reforma parcial.

González, por su parte manifestó que “están dadas las condiciones para avanzar en la reforma” y contestando a las críticas de los que dicen que este no es el momento de reformar al Constitución, señaló que “el mejor tiempo es cuando uno lo intenta”. Y que el debate se hará “con respeto por las fuerzas políticas de la oposición”.

[Jaque-Felix Gonzalez-Fernando Simón-NOTA]

Félix González, Jaque y Fernando Simón fueron los encargados de presentar la reforma de la Constitución.

Simón explicó por su parte que el proyecto que Jaque ha enviado a la Legislatura tiene como antecedentes a la Ley Nº 5197 remitida por el ex gobernador Llaver en 1987, a la Ley Nº 6.896 remitida por el ex gobernador Iglesias en 2001 y proyectos de leyes remitidos por el vicepresidente Julio Cobos de su época de gobernador, bajo los expedientes 47930 del 2004 y 9860 del 2006.

El funcionario indicó además que “vamos a tener mucho diálogo con la Legislatura y vamos a hacer un amplio proceso de debate social, académico y político. Que quede claro que este no es un tema de abogados ni de políticos, sino de todos los mendocinos”.

Reelección de gobernador y representantes en todos los departamentos

El proyecto establece en la sección régimen electoral la reelección de los cargos electivos limitados a un solo período. Esto es, para gobernador, intendentes, legisladores y concejales.

Además, la iniciativa prevé la incorporación de la representación territorial de todos los departamentos de Mendoza en la Legislatura para asegurar así la participación de las minorías.

También se quiere modificar la composición de la Junta Electoral y sus funciones y el reconocimiento constitucional de los partidos políticos.

Los cambios en la Legislatura y el Ejecutivo

La iniciativa también prevé cambios en la Legislatura y el Poder Ejecutivo.

Para la Casa de las Leyes se quiere debatir su composición su régimen de integración, quórum, mayorías, procedimiento de sanción y formación de las leyes.

Además se solicita que el período ordinario de sesiones debe modificarse incluyendo la autoconvocatoria a sesiones extraordinarias. En la actualidad el período de sesiones arranca el 1 de mayo y quieren que se cambie a febrero o marzo.

Otro de los puntos que buscan modificar es eliminar la aprobación tácita y la votación secreta de los pliegos que debe tratar el órgano legislativo, e introducir la facultad del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para su aprobación de retirar su pliego.

Para el Ejecutivo pretenden que haya un régimen de autorización de ausencia del Gobernador de la Capital y de la Provincia. Y se quiere introducir la prohibición expresa del dictado de decretos de necesidad y urgencia, salvo casos que por sus características extraordinarias así lo hicieran aconsejable la Legislatura.

Qué quieren modificar en el Poder Judicial

En el Poder Judicial los puntos que se plantean son:

- Autarquía financiera del Poder Judicial.

- Juicio por jurados.

- Causales de remoción de magistrados no sujetos a juicio político, incorporando enfermedad o inhabilidad que impidan el ejercicio normal de la función.

- Modificar la composición del Jurado de Enjuiciamiento y reglar su funcionamiento.

- Modificar los requisitos de edad, residencia y antigüedad profesional para acceder a la magistratura.

- Introducir para todos los magistrados la necesidad de obtener una nueva designación y nuevo acuerdo al llegar a la edad jubilatoria.

- Reformular la justicia inferior o de paz.

- Competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia en materia contencioso-administrativa, pudiendo sustraer la misma de ese órgano y establecer en su caso juzgados y/o cámaras Contenciosos Administrativas.

- Consagrar al Ministerio Público como un órgano extra poder, con autonomía funcional y autarquía financiera, y duración limitada del mandato.

- Funciones y atribuciones de la Fiscalía de Estado, fortaleciendo su independencia y su carácter de órgano extra poder.

- Inamovilidad del cargo de Asesor de Gobierno, previendo una duración limitada en su ejercicio.

- Precisar y extender las funciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

-Establecer las garantías, forma de remoción y sus causales de los cargos de Contador General y Tesorero General.

Lo que establece el régimen municipal

Los municipios también tendrán cambios si logra aprobarse la reforma constitucional.

Se quiere un régimen municipal autónomo y su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

También establecer principios rectores en materia de participación municipal de impuestos y mecanismos y supuestos de intervención a los municipios, delimitando causales y alcances.

Declaraciones generales, derechos y garantías

El proyecto tiene entre sus considerandos también la protección del medio ambiente y la obligación de preservar el patrimonio cultural e histórico.

Habla además de derechos de consumidores y protección de usuarios de servicios públicos.

Establece la creación y regulación de la figura de Defensor del Pueblo.

Promueve la incorporación de las garantías del habeas data, habeas corpus y amparo y sistemas de participación directa en la democracia representativa, tales como iniciativa legislativa, consulta popular, revocatoria de mandatos.

Se quiere agregar el reconocimiento y protección de las comunidades indígenas existentes en la provincia y reconocer su cultura.

Otro de los puntos es incorporar las cláusulas que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce de los derechos fundamentales de las personas, reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados a ella incorporados y la Constitución Provincial.

También se quiere agregar las cláusulas que impongan como prioridad de la acción del Estado provincial garantizar la inclusión social, especialmente de los niños, niñas y adolescentes en los sistemas de educación, salud y protección social y reformular el régimen de inembargabilidad de bienes del Estado Provincial.