La propuesta ganadora contempló la incorporación de 100 unidades cero kilómetro, de las cuales el 10% contará con rampas para sillas de ruedas. La nueva operadora se hará cargo de la totalidad del personal que hoy trabaja en el Grupo 2 bajo la administración estatal. En caso de despidos injustificados, la empresa Maipú deberá pagar triple indemnización, según lo fijado en el contrato.

Según lo establecido, la concesionaria comenzará a prestar el servicio con los mismos recorridos y frecuencias que cumple la empresa estatal.

El gobierno confía en que el tamaño y la calidad del parque automotor que presentará la nueva prestadora tiene capacidad para agregar recorridos o frecuencias en caso de que en el futuro se considerara necesario.

La oferta de la empresa adjudicataria, que ya opera el Grupo 10, llegó hasta el final del proceso licitatorio peleando cabeza a cabeza con la presentada por la empresa Nueva Generación, que hace dos años renovó la concesión del Grupo 750, uno de los dos que prestan servicio en el Este provincial.

La resolución del largo proceso licitatoria a favor de la firma de Valentín Luis Stocco e Hijos fue confirmada a diariouno.com.ar por Alejandro Cazabán, secretario general de la Gobernación. En el mismo decreto, fueron rechazadas las impugnaciones y planteos administrativos interpuestos por oferentes que fueron descartados en el proceso. En total se presentaron siete propuestas.

La prestadora mendocina que se quedó con el Grupo 2 dejó en el camino a Autotransportes Santa Fe, propiedad de Alejandro Rossi, hermano de Agustín, presidente de la bancada kirchnerista de la Cámara de Diputados de la Nación. Otro operador de micros de peso que perdió en esta licitación es Sergio Pensalfine, presidente de AUTAM, la entidad gremial de los dueños de los micros de Mendoza. El dueño de El Cacique se presentó a la privatización del Grupo 2 con otra firma en la que tiene la mayoría accionaria: Dominio Gallard, que tiene recorridos adjudicados en San Luis.

La lista de eliminados la completan Mayo SATA, una empresa sanjuanina; María del Rosario, puntana, que tiene la concesión del transporte urbano de San Luis, y la mendocina Andesmar.

La administración del Grupo 2 quedó en poder del Estado durante la gobernación de Julio Cobos, cuando se concesionó la totalidad del sistema de micros del Gran Mendoza. La gestión quedó bajo la tutela de la EPTM, hasta entonces encargada solamente de los troles. La empresa estatal absorbió los 126 micros brasileños que compró Cobos con la idea de ponerlos al servicio de las empresas privadas, que fracasó por la oposición que generó esa iniciativa.

Jaque desde que asumió criticó el sistema de pago por kilómetro recorrido que implementó su antecesor tanto como la estatización del Grupo 2. Una de las consecuencias del manejo estatal de un grupo de micros fue que los trabajadores del mismo percibían el mismo sueldo que los privados pero gozaban de la estabilidad de los empleados públicos.