De acuerdo a lo que figura en las planillas que publica trimestralmente el Ministerio de Hacienda para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, en setiembre de 2007 había 64.893 empleados, entre personal de planta y temporarios (60.473 que figuran como “planta de personal total”), a quienes se suman aquellos trabajadores que facturan como si fueran proveedores y no personas (dentro de la categoría de locación de servicios y obras).

Ése es el último dato disponible de la gestión de Julio Cobos. Y según la misma fuente de información, en setiembre de este año, transcurridos 33 meses de la gestión Jaque, había 72.532 empleados públicos en la provincia, repartidos en las mismas categorías. Es decir una diferencia de 7.639 personas, o sea que hubo un crecimiento de 11,8%, sin tener en cuenta las “horas cátedra” incorporadas al sistema educativo que demandaron nuevos docentes.

En el Ejecutivo aseguran que han sido “extremadamente conservadores” a la hora de agregar personal. Y que el aumento en la planta se debe, según explican, a la incorporación de docentes por la inauguración de escuelas, la contratación de enfermeros y médicos para los hospitales y los nuevos policías.

Otro justificativo es el pase a planta de los contratados, según los acuerdos paritarios. Pero mientras pasan a planta permanente a los contratados más antiguos, al parecer se incorpora a otras personas en esa modalidad. De hecho, hace tres años había 2.597 personas con contratos temporarios y ahora figuran 3.389.

“Esto es una costumbre ya. Si suman personal uno podría suponer que es para mejorar los servicios. Pero resulta que la salud y la seguridad, por ejemplo, cada vez están peor. ¿O alguien cree que han mejorado? Sólo el 9 por ciento del presupuesto se destina a otra cosa que no sean gastos corrientes”, opina Carlos Aguinaga, senador del Partido Demócrata.

El legislador asegura que “se sigue contratando gente a medida de que se pasa a planta a otros trabajadores. Hay otras provincias, como San Juan, que tienen un 30 por ciento de sus recursos presupuestarios destinados a obras”, dice Aguinaga.

En la Ley de Presupuesto, el Gobierno estaba habilitado a tener una planta de personal de algo más de 70 mil cargos. La mayor diferencia en la cantidad de personal se da en las áreas descentralizadas, donde están considerados los hospitales, y principalmente la Dirección General de Escuelas. Pero no todo está allí. En la Administración Central en 2007 había 23.150 personas y ahora figuran 26.104, contando los contratos de locación.

“Hay más maestros, más médicos y más policías. Son servicios básicos”, explican desde Casa de Gobierno quienes manejan los números oficiales. En cuanto a la seguridad, el crecimiento no fue tan grande. En 2007, figuraban 8.093 empleados en Justicia y Seguridad. Y ahora 8.796 en Seguridad.

En el Ejecutivo también explican que hubo un crecimiento importante en la planta de personal por la incorporaciones que fueron necesarias en el Servicio Penitenciario: “Cuando asumimos la gestión, la cárcel de Almafuerte no tenía personal”, aseguran. Por eso, por ejemplo, aumentó fuertemente la cantidad de empleados en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que tiene a su cargo el sistema penitenciario.

Allí hay quienes cuestionan los contratos. Según denuncian los legisladores de la UCR, este año se sancionó una ley que permite la incorporación de personal en el Servicio Penitenciario que “se está usando para incorporar personal administrativo”.

Se trata de la ley 8.179, que se sancionó luego de que caducara la emergencia en Seguridad. Los radicales denuncian que se está incorporando personal en cargos jerárquicos en el sistema, que luego pueden adscribirse a otro lado. “Hay más de 40 incorporaciones que en su mayoría son políticas”, denuncian.

La incorporación de personal está restringida y una persona sólo puede ingresar al Estado por decreto del Gobernador que determine una excepción o por acuerdos paritarios. De hecho, hay 900 puestos por jubilaciones y fallecimientos que no han sido cubiertos, aclararon fuentes del Ministerio Hacienda.

Pero las incorporaciones siguen igual. El poder de contratar y, sobre todo, de asignar un mejor sueldo otorgando “mayor dedicación” está en manos del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quien por decreto tiene asignado ese poder de “aprobación y veto”.