Luego de que el Concejo Deliberante por segunda vez le solicitara que dé inmediato cumplimiento a las ordenanzas que regulan el Régimen de Transparencia Fiscal y publicación del Boletín Municipal, el intendente evadió las explicaciones diciendo que “se lo está haciendo de la misma forma que lo hacía Guzmán”.
El encuentro entre el Jefe del Municipio capitalino y periodistas de este multimedio se dio finalizado el acto que la Sociedad Sirio Libanesa de Catamarca realizará en la tarde del miércoles, en la Plazoleta de la Bandera, a la cual Jalil había asistido en su calidad de miembro de dicha comunidad.
Consultado acerca de por qué el Ejecutivo Municipal insiste en no brindar la información ampliada y concreta como establece la normativa vigente -tanto municipal como en la ley que especifica el dar cumplimiento al Acceso a la Información Pública-, Jalil respondió, para sorpresa de los periodistas, que él lo hace de la misma manera que lo publicaba la gestión anterior, seriamente cuestionada por excesivos gastos que no eran transparentados.
“Se lo está haciendo de la misma forma que lo hacía Guzmán” respondió el intendente Jalil refiriéndose a Ricardo Guzmán, gestión que no fue investigada como había prometido el lord durante la campaña.
Antecedentes entre Jalil y Guzmán
Sobre la relación Jalil – Guzmán pesa un antecedente que deja al descubierto la posible facilitación de negocios privados del actual intendente y sus hermanos.
Es que en mayo de 2011 –dos meses después que Jalil ganara las elecciones, pero no estaba a cargo- Guzmán suscribió un convenio con la ART Interacción que a su vez tiene contratado los servicios de las clínicas cuyos propietarios son el Intendente y sus hermanos, convenio que Jalil al acceder a la jefatura del gobierno municipal no dejó sin efecto.
Por el contrario, consultado por La Isla FM y El Diario de Catamarca, jocosamente Raúl Jalil respondía que “Interacción contrata las mejores clínicas”. Esta situación es una clara violación a la ley de Contrataciones del Estado, vigente en Catamarca, que impide que cualquier agente público de la administración central o municipal, incluyendo funcionarios de nivel jerárquico, le vendan al Estado, incluso los parientes en cualquier grado de los mencionados funcionarios.
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