El bloque de diputados de la UCR insistió con sus cuestionamientos al manejo dado por el Poder Ejecutivo Provincial a la conformación del directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros y alertó sobre la continuidad de decisiones que se traducen en impedir la participación democrática de afiliados activos y pasivos.

“Queda en claro que es intención prorrogar nuevamente los mandatos actuales con los mismos artilugios sostenidos hace dos años”, señaló Carlos Lorenzo, integrante de ese bloque político en la Legislatura Provincial, para lo cual apeló a un repaso de las distintas instancias legales y formales impulsadas para dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley XVIII Nº 32.

Dicha norma establece que “La administración del Instituto de Seguridad Social y Seguros estará a cargo de un Directorio integrado por un (1) Presidente y tres (3) Vocales y que el Presidente y un Vocal serán representantes del Poder Ejecutivo designados por éste y sus mandatos caducarán cuando finalice el período constitucional que los designó.

Con respecto a los dos Vocales restantes señala que representarán a los afiliados activos y pasivos respectivamente y que “serán electos mediante el voto directo y secreto de todos los activos comprendidos en el sistema previsional y de obra social y de los beneficiarios al régimen previsional y durarán dos (2) años en su mandato siempre que conserven sus calidades, pudiendo ser reelectos”.

Además de la elección de cuatro vocales suplentes para reemplazar a los afiliados activos y pasivos en caso de renuncia, ausencia, vacancia o fallecimiento de aquellos, la ley establece que “el acto electoral será organizado por el Poder Ejecutivo según la reglamentación que se dicte”.

Responsabilidades

“Surge claramente que es responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial la convocatoria a elecciones y que los vocales tienen un mandato de dos años”, señaló inicialmente Lorenzo.

Los actuales miembros electos son Miguel Anchordoqui en representación de los activos y Juan Seguel de los pasivos. “Los mencionados han sido reelegidos en varias oportunidades aunque el presente repaso se refiere a los hechos sucedidos desde el año 2006 por entender suficiente para demostrar la situación irregular que se plantea”, agregó.

“El decreto 887/2006 begin_of_the_skype_highlighting 887/2006 end_of_the_skype_highlighting del 21 de julio de ese año es revelador de los plazos de los mandatos de los vocales electos del Instituto de Seguridad social. El mencionado decreto convoca a elecciones para el 28 de septiembre del año 2006 para los cargos en cuestión”.

“En sus considerando la norma deja claramente expuesto que los mandatos vencen el 31 de octubre del año 2006. Para cumplir con los plazos estipulados reglamentariamente convoca las elecciones en el mes de julio, permitiendo de esa manera la organización de los comicios y tener a los electos antes de la finalización del mandato de los estaban en funciones al momento del dictado de este decreto”, explicó.

En esa oportunidad se desarrolla el acto eleccionario normalmente y Seguel y Anchordoqui inician el 1 de noviembre del 2006 sus nuevos mandatos los que vencen el 31 de octubre del año 2008.

Plazos incumplidos

“A partir de esta gestión es cuando surgen irregularidades provocadas por el Poder Ejecutivo Provincial que no permiten cumplir con los plazos que la ley XVIII Nº 32 determina claramente”, dijo Lorenzo.

“Con fecha 26 de septiembre del 2008 el Gobierno emite el decreto 1218 el que con un atraso de dos meses convoca a elecciones para renovar los cargos electivos del Instituto de Seguridad Social y Seguros. La convocatoria la fija por el artículo Nº 4 de ese decreto para el 10 de diciembre de ese año”.

Lorenzo consideró que “aquí queda claramente demostrado de la relación que las elecciones se realizarían cuarenta días después de la finalización del mandato de los vocales Anchordoqui y Seguel. Los mismo siguieron en el cargo después de fenecido el tiempo legal establecido sin que mediara una ley que así lo determinara, única norma jurídica que podría haber prorrogado los mandatos”.

“El acto eleccionario se realiza con dificultades. La lista opositora queda excluida de la contienda por cuestiones formales y la junta electoral proclama a la única lista que encabezaban precisamente Miguel Anchordoqui por los activos y Juan Seguel por los pasivos. Debo reiterar para una mejor comprensión que la manipulación de los plazos legales por parte del Poder Ejecutivo Provincial se llevó adelante en forma ilegal ya que la resolución de la excepcionalidad la debería haber determinado una modificación por ley de la legislación vigente”, recordó.

Nulidad

“Las irregularidades del decreto 1218/2008 begin_of_the_skype_highlighting 1218/2008 end_of_the_skype_highlighting se agravan con la emisión del decreto Nº 460/2009 begin_of_the_skype_highlighting 460/2009 end_of_the_skype_highlighting que pone en funciones a los vocales electos ya que fija la fecha de asunción el 23 de abril del 2009, o sea ciento 174 días después de finalización de los mandatos”.

Aquí se debe decir que todo lo actuado durante ese periodo es nulo, dado que los vocales electos no han tenido mandato durante ese período, durante el cual igualmente los representantes Anchordoqui y Seguel cobraron sus sueldos”.

El decreto 460/2009 begin_of_the_skype_highlighting 460/2009 end_of_the_skype_highlighting menciona entre sus considerandos: ‘Que por Decreto N° 1369/06 se pusieron en funciones a los vocales por el sector activo y pasivo que se encuentran actualmente en ejercicio, venciendo su mandato el día 31 de octubre de 2.008, el que se encuentra actualmente prorrogado.’

Arbitrariedad

El diputado radical puntualizó que “como queda expuesto, en forma arbitraria el Poder Ejecutivo sostiene que el mandato se encuentra actualmente prorrogado como si el simple dictado de un decreto pudiera modificar una ley”.

“Si bien los actuales mandatos están vencidos desde el 31 de octubre del 2010 según surge del análisis de los decretos mencionados, el Gobierno Provincial determinó fácticamente el vencimiento del mismo el 22 de abril del corriente año. Estamos a pocos días del vencimiento de ese irregular plazo y el Gobierno no ha emitido un decreto de convocatoria a elecciones en el Instituto de Seguridad Social y Seguros, el que se debería haber registrado con 90 días antes de la fecha de finalización del mismo, o sea ese decreto debería tener fecha anterior al 20 de enero próximo pasado”, insistió Lorenzo.

“Queda en claro que es intención prorrogar nuevamente los mandatos actuales con los mismos artilugios sostenidos hace dos años”, concluyó el diputado de la UCR.