Se le pide a la Fiscalía de Delitos Complejos que investigue si el ex gobernador intercedió para el otorgamiento irregular de pozos.
Claro que la decisión de volver atrás con una decisión anterior pone de manifiesto que algo se hizo mal. Entonces ayer se denunció al entonces superintendente Frigerio y al ex gobernador Celso Jaque por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada en la mañana de ayer por el abogado Marcelo Romano, en la Fiscalía de Delitos Complejos que conduce Santiago Garay.
Para ser precisos, no se trata de una denuncia. Para entender la movida de Romano hay que recordar una nota de Los Andes del 2 de marzo del año pasado. Allí se informaba que Garay había archivado la causa penal en la que se investigaba el otorgamiento de los pozos. Se trataba del expediente 73.630/11.
Ese expediente había nacido de una carta publicada en Los Andes el 25 de setiembre del 2011, del abogado especialista en derecho de aguas Miguel Mathus Escorihuela. En la misiva, el letrado se manifestaba en duros términos respecto de la gestión Frigerio.
Mathus Escorihuela decía que a Irrigación "ahora lo llaman la Cueva de Alí Babá... Existe un estado de sospecha sobre prácticas corruptas, actitudes patoteriles, amedrentamiento a funcionarios, técnicos y atropellos a regantes".
Por aquellos días en los que se desarrollaba el proceso ante el Jury de Enjuciamiento contra Frigerio (que a la postre terminaría con la renuncia del funcionario), incluso corría el rumor de que, para otorgar el pozo había que poner 100 mil dólares. Obviamente eso nunca fue confirmado.
Sin embargo, con este rumor como norte, el fiscal Garay inició una investigación buscando un delito específico: el cohecho o, en lenguaje popular, coimas. Pero ninguno de los citados a declarar dijo algo al respecto. Y la causa terminó archivada.
El tema es que nunca hubo carátula de la investigación. El expediente reza como "Fiscal p/averiguación de hechos": Está abierta la puerta para que la pieza judicial se desarchive y la investigación tome otro rumbo que no sea el cohecho.
El sábado 2 de marzo pasado, en el desayuno de la Coviar, el gobernador Pérez anunció que los pozos serían cegados.
El viernes 8 de marzo el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación decidió cegar los pozos, entendiendo que tenían suficientes argumentos legales para responder ante eventuales demandas de los que obtuvieron el pozo de manera irregular.
Entonces, en el razonamiento de Romano, hay motivos para investigar el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Al existir este rechazo y sabiéndo que hay propiedades en la zona de Agrelo que se están beneficiando con agua clandestina, en desmedro de todos los regantes de la cuenca, que también necesitan agua, se estaría violando el derecho humano a la igualdad", dice además Romano en su presentación.
Para el letrado, las pruebas de lo que denuncia están en el expediente de rechazo de la concesión de los pozos que el HTA ha suscripto el viernes pasado. Y para acusar al ex gobernador Jaque, apela a dichos del propio Frigerio a Los Andes.
En una entrevista publicada el 18 de diciembre del 2011, días después de haber renunciado, el ex superintendente decía: "Después de una reunión de gabinete, (Celso) Jaque me dice: ?Mirá Pepe, me ha venido a ver un grupo de empresarios de Agrelo que quieren hacer inversiones inmobiliarias y agrarias y tienen el problema del agua'".
Esta frase es la clave para Romano. El que intercedió por los emprendimientos inmobiliarios y conseguir agua violando las restricciones impuestas por el propio Departamento fue el entonces gobernador.
Y de hecho, la entrevista de Los Andes fue pedida por Romano como prueba. Pero, en los corrillos judiciales, se dice que el titular de uno de los emprendimientos también fue a declarar en su momento, cuando Garay investigaba la existencia de coimas.
Según la versión que corre, ese empresario habría declarado que Jaque había intercedido en el otorgamiento de los pozos.
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