La novedad se filtró durante el anuncio de los actos por la Semana de la Memoria. Una admisión del grave error cometido durante el gobierno de Carlos Verna, que impulsó la construcción de ese edificio.
El convenio es una admisión del grave error cometido durante el gobierno de Carlos Verna, que impulsó la construcción de ese edificio y puso en vigencia el uso de las celdas de castigo.
La novedad se filtró durante el anuncio de los actos de la Semana de la Memoria. Será mediante la firma de un convenio con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos con el Ministerio de Bienestar Social, representado por su titular Gustavo Fernández Mendía. La firma del convenio se realizará en el ex Palacio de Justicia, a las 19 horas de mañana, martes 22 de marzo.
El edificio del IPESA fue cuestionado desde el mismo momento de su anuncio. El ex diputado provincial Mario Cayre fue uno de los que efectuó la denuncia. Cayre pidió la suspensión del proceso licitatorio, denunciando que se trataba de una cárcel.
Pero el gobierno de Carlos Verna avanzó sin abrir el debate. El diseño carcelario se confirmó con su inauguración. Además, en el IPESA se incorporaron trabajadores sin capacitación ni perfil específico para desempeñar el rol de operadores terapéuticos.
A fin del año pasado hubo un incidente que generó polémica: la salida de un interno (acusado de homicidio) a un recital de inauguración del complejo Castelvecchio fue denunciado por el diario La Arena como un hecho grave, que aliviaba el castigo que debería recibir el menor. Las autoridades informaron que el joven salió con dos operadores, y era parte de un proceso de recuperación, ya que había trabajado en la construcción del lugar. Las críticas de ese diario apuntaron a la Fundación Nuestros Pibes, que desarrolla actividades con la resocialización de los jóvenes y adolescentes.
Una delegación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, encabezada por Mario Canoba y la presidenta de la Fundación Nuestros Pibes, Stella Maris García, visitó el IPESA junto a las autoridades provinciales del área social y del mencionado instituto.
La visita dejó al desnudo que el edificio del IPESA es una cárcel para menores. Más allá de la filosofía que se predica, el condicionamiento edilicio es determinante. Pero a ese diseño carcelario se agregaba una situación que viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados firmados por la Argentina: la existencia de celdas de castigo para los menores.
Esas celdas son incompatibles con los tratados en la materia vigentes en la Argentina. El Ministerio de Bienestar Social y un organismo de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente, anunciaron en forma sigilosa la firma del convenio. De todos modos, es un grave hecho con fuertes responsabilidades políticas para quienes lo concibieron y quienes lo sostuvieron en el tiempo.
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