El Departamento Jurídico, primero y el Tribunal de Cuentas, después; aconsejaron al directorio del IPAUSS no hacer una presentación judicial para reclamar una histórica deuda al Gobierno, que supera los 3,8 millones de pesos.
El organismo de control externo va más allá y advierte a los directores que entablar una demanda que parece ya estar pérdida, generará costos que configurarán un «perjuicio fiscal» y por ello, los funcionarios podrían quedar expuestos a responder con su patrimonio las costas del proceso judicial.
Origen de la dudosa deuda
El Tribunal de Cuentas emitió la resolución 01/2013, aconsejando al directorio del IPAUSS, no avanzar en el reclamo de una deuda de más de 3,8 millones de pesos, en concepto de gastos administrativos por el pago de las Pensiones Fueguinas de Arraigo; al no existir un respaldo documental que pueda dar sustento a un resultado favorable ante una potencial demanda judicial.
La acreencia que el IPAUSS le reclama al Gobierno, fue advertida en la auditoría que llevó adelante el organismo de control, en base a lo dispuesto por la comisión especial de la Legislatura, para que se proceda a la certificación de deuda de todos los organismos aportantes.
El pago de las Pensiones Fueguinas de Arraigo las paga el IPAUSS, pero con fondos que son transferidos por el Poder Ejecutivo, a través del área de Desarrollo Social. El organismo, en tanto, reclamó que se pague una comisión, para afrontar los gastos administrativos, consistente en el 5% de la masa salarial total que mensualmente se paga en beneficio de antiguos residentes en la provincia.
Como antecedente, el Tribunal de Cuentas tuvo en cuenta que el 18 de julio del año pasado, la Dirección Jurídico del IPAUSS ratificó que no resulta «jurídicamente viable al día de la fecha y con los escasos elementos reunidos, intentar articular una pretensión de cobro de aquella acreencia por vía judicial».
En el informe se tiene en cuenta las actas 17/12 y 24/12, en las cuales la gobernadora Fabiana Ríos expresamente «alude a la carencia de sustento de la deuda reclamada, no reconociendo la misma».
Posición debilitada
El Tribunal de Cuentas, en su dictamen, indica que «en base a la información proporcionada, se debilita en sumo grado la posibilidad jurídica de tener por configurada la existencia de una obligación incumplida por parte del Gobierno Provincial, que sea exigible por ante los estrados judiciales, bajo un relativo pronóstico favorable».
Sostiene además que «en concordancia con lo reiteradamente advertido por le servicio jurídico del IPAUSS, resulta menester dejar en claro que, en caso de decidirse reclamar judicialmente el reconocimiento de este presunto derecho y el consecuente cobro de dichas acreencias, a la luz de los escasos argumentos que sirvan para respaldar la demanda, una eventual condena en costas ocasionará perjuicio fiscal al ente, cuya reparación le incumbe a quienes resulten responsables de tal decisión».
INSISTENCIA
En reunión de directorio del IPAUSS, de fecha 20 de noviembre, en el punto 16 del acta conformada, los directores resolvieron que, a partir del primero de enero de 2013, reafirman la postura de cobrar al gobierno un importe por gastos administrativos del pago de las Pensiones Fueguinas de Arraigo, sobre el total mensual liquidado y por lo tanto decidieron dar continuidad al reclamo de lo que consideran «una deuda histórica».

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