En él planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado, recusó a tres concejales en particular, remarcó incompatibilidades del Concejo Deliberante y dijo sentirse "afectado por el criterio de un grupo de concejales que desplazarían la expresión del pueblo". A su vez, responsabiliza funcional y personalmente a cada uno de los ediles "que pudieran votar por la afirmativa avanzando en ese procedimiento y destituir". En lo referente a las respuestas a los nueve cargos que la Comisión le formuló, en líneas generales deslindó su responsabilidad y apuntó a funcionarios y empleados.

DESCARGO AL INFORME DE LA CI

Inza recusó a concejales y pidió que se deje sin efecto lo actuado por la Comisión Investigadora

Lo hizo a través de un escrito de 94 páginas que el jueves elevó en respuesta al informe preliminar de esa Comisión. El Intendente planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado por esa instancia creada en el seno del Concejo Deliberante y dijo sentirse vulnerado en su derecho a defensa.

EL DATO:

En una sesión especial que se realizará el lunes próximo, el Concejo Deliberante dará entrada formal al descargo del intendente José Inza.

En esa sesión se tratará además el tema planteado por el jefe comunal en lo que tiene que ver con las recusaciones a tres concejales. Según trascendió en los últimos días, se pedirá que nominalmente cada concejal vote si está a favor o en contra de impugnar el voto de sus pares cuando deban expedirse respecto al informe final de la Comisión Investigadora.

Finalmente el jueves, minutos antes que venciera el plazo establecido por ley, el intendente José Inza elevó al Concejo Deliberante la respuesta al informe preliminar de la Comisión Investigadora (CI) a través del cual se le formulan nueve cargos al jefe comunal.

El descargo, de 94 páginas, fue entregado ese día por el secretario de Gobierno Mauro Grandicelli y el abogado Carlos Andreucci, integrante del estudio jurídico de la ciudad de La Plata encargado de darle forma a la presentación.

En él, plantea nulidades e incompetencias, recusa a concejales, asegura que se vulneró su derecho a defensa, solicita ampliación del plazo, como así también que se deje sin efecto la totalidad de lo actuado por la CI y, en ese marco, que se archiven las actuaciones.

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"Absolutamente nulo"

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"Lo actuado hasta el presente es absolutamente nulo", dice el Intendente en el escrito presentado el jueves pasado en el Concejo Deliberante.

Asimismo, apunta que los criterios de evaluación de la CI son "subjetivos, carentes de pruebas regulares, con violación al debido derecho de defensa "y que el deliberativo invade la competencia propia del Intendente.

Plantea en ese marco una manifiesta incompetencia del Concejo Deliberante para juzgar su responsabilidad en determinadas materias e insiste en "la nulidad absoluta de todo lo actuado y, en particular, de la eventual decisión de destitución, con la consiguiente responsabilidad funcional y personal de cada uno de los concejales que pudiera votar por la afirmativa avanzando en ese procedimiento y destituir".

En uno de los tramos del descargo, dice sentirse "afectado por el criterio de un grupo de concejales que desplazarían la expresión del pueblo, en contra de la Constitución, las leyes de la Nación y de la Provincia, de los Reglamentos y de los principios elementales del Estado Democrático y Republicano de Derecho", en referencia a una potencial destitución.

NULIDADES.- Lo primero que el Intendente plantea es la nulidad del noveno punto que la CI introdujo en el informe preliminar. Acá, cabe recordar que cuando se conformó esta instancia, eran 8 los temas a investigar. Pero luego de tomar declaraciones testimoniales y recoger información documental, introdujeron uno nuevo que tiene que ver con la entrega de la base de datos municipal.

Lo que Inza sostiene en su descargo es que, pese a que esta posibilidad fue plasmada en el decreto de conformación de la Comisión, ésta excede lo permitido y habilitado por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).

La segunda nulidad que plantea tiene que ver con el plazo que se tomó la Comisión para hacer su tarea. En base al articulado del Código Civil, el jefe comunal asegura en su presentación que la Comisión debió expedirse en días corridos y no hábiles, como lo estableció en el reglamento interno de su funcionamiento.

De esta manera, el 10 de octubre debió presentar el informe preliminar. Como lo hizo el 23, entiende que "caducó el derecho a expedirse" y por esto es nulo todo el acto en sí.

"Las dos primeras nulidades articuladas fulminan lo actuado por la Comisión Investigadora y anticipan la nulidad absoluta e insalvable en caso que el Concejo Deliberante pretendiera avanzar en decisiones que avalen lo actuado por esta Comisión impugnada", dice en uno de sus párrafos.

A su vez, plantea que el procedimiento es nulo, como así también el eventual "acto definitivo que pudiera afectar los intereses y derechos de mi parte, que hacen en esencia a la garantía de respetar la voluntad popular que se expresó en el voto al elegir al Intendente en 2011 por el período de 4 años", haciendo referencia a una potencial destitución.

No queda ahí, ya que agrega en este sentido que "pretender remover aquella voluntad popular por la suma de votos de concejales, es sustituir la base democrática directa que se expresó en las urnas".

RECUSACIONES.- En las primeras páginas del informe, el Intendente también recusa a tres concejales: Alejandro Lozano -del FpV y presidente del Concejo Deliberante-, Luis Conti -presidente del bloque del Frente para la Victoria- y Alicia Zubiría -también del FpV y quien además fuera funcionaria de su propia gestión-.

A los dos primeros los recusa por entender que sus "expresiones públicas de prejuzgamiento y adversidad" demuestran "en forma patente y pública su animadversión y falta de imparcialidad cuestionando la persona y conducta del Intendente", para lo que adjunta copias de declaraciones públicas "de amplia difusión periodística".

Para Inza, esas actitudes "anticipan la posición adversa a mi persona y continuidad funcional", otra vez por una posible destitución.

En lo que respecta a Zubiría, la recusa por "haber participado de decisiones y hechos que son investigados" cuando fue funcionaria de su gestión y también porque "ahora participa de la misma Comisión Investigadora". (Acá cabe señalar que esta concejal no integra la CI).

En un siguiente párrafo, textualmente expresa que la misma recusación con causa se extiende "al fundamento y calificaciones vertidas sobre los hechos y criterios de interpretación que han manifestado todos los miembros en el informe preliminar".

DERECHO A DEFENSA.- En su descargo, Inza marca la vulneración de su derecho a defensa. Lo hace al plantear primero que la Comisión "extralimitó" sus funciones al agregar un nuevo cargo (el de la base de datos) y "pretende formular acusación y reclama respuestas con pruebas generando un listado irrazonable y desproporcionado de preguntas que constituyen cada una de ellas la creación de un nuevo cargo o caso que no está dentro de las atribuciones conferidas", lo que se vuelve un impedimento para "atender en tiempo y forma la garantía del derecho de defensa".

Es por esto que, en segundo término, solicita la ampliación de plazo ya que "no resulta suficiente ni adecuado y, en especial, porque la labor del Departamento Ejecutivo no puede detenerse en la atención del interés general y la demanda cotidiana de necesidades ciudadanas a atender".

Además, sostiene que la vulneración de su derecho a defensa se demuestra también en el hecho de que el informe preliminar que le presentó la CI no fue acompañado con la totalidad de la prueba que se sostiene reunida.