En principio, el jefe comunal indicó que desde su gestión se viene trabajando en beneficio de los obreros de la ex curtiembre y expresó que esta situación está siendo utilizada de manera política: “estamos trabajando mucho desde el primer momento que asumimos y hay que considerar que desde el año 2002 esos créditos están congelados por lo tanto, esta situación viene de muchísimos años atrás. Llama la atención que ahora surja esta presión que me involucra como el único responsable. Lo que veo como situación política es que esta gente, Raúl Laporte y Adolfo Libonatti quienes estuvieron en el diario y en otros medios, o son funcionales a intereses políticos que apuntan a responsabilizar al Gobierno Municipal o tienen una intencionalidad política personal porque no existe otra explicación, ya que le están mintiendo a la comunidad. A nosotros los que nos preocupa es el bienestar de los trabajadores y ver cómo podemos solucionar este problema y de hecho, estamos dispuestos a pagar esos créditos como corresponda, una vez que sepamos de cuánto es el monto”.

“Por otro lado, la judicialización de la cuestión tiene que ver con algo que a nosotros nos llamó mucho la atención y nos pareció sugestivo en cuanto a lo relacionado a que cuando el municipio hizo la última oferta, donde el privado ofreció mil pesos más que lo propuesto por el Gobierno comunal, nosotros a las ofertas las consideramos equivalentes y por eso apuntamos a la justicia para que nos diga si tenemos o no la razón porque, si no, no estaríamos cumpliendo con la defensa del interés público, porque no hay que olvidarse de que este inmueble ha sido declarado de interés público por el Concejo Deliberante y ante eso, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar los bienes públicos con la mayor responsabilidad”, añadió el mandatario local en referencia a la judicialización de la compra del predio, luego de las ofertas realizadas desde su gestión y por parte de un privado.

Por su parte, Luciana David se refirió al origen de esta situación y al trabajo que desde la gestión comenzó a realizarse sobre los créditos que se encontraban sin pagar, para cubrir las indemnizaciones de los ex trabajadores: “a partir de noviembre, tomamos conocimiento de estos créditos que estaban sin cobrar hasta el momento de una quiebra que, parecía, estuvo durante muchos años detenida y ante la iniciativa del concejal Rodolfo Rancez, nos ponemos a investigar la posibilidad de comprar los créditos. Hablamos con el intendente y con el secretario de Economía y Finanzas para ver si existía viabilidad. A partir de ahí comenzamos a hacer las cuentas y los números a nosotros no nos daban como queríamos para saber cuál es el valor real de lo que hoy está como un crédito porque ha habido distribuciones parciales difíciles de interpretar en el expediente”.

“La síndico se negó a darnos información”

A su vez, la funcionaria manifestó que se comunicaron con la síndico de la quiebra de la ex Curtiembre Piazza, Raquel Weisburd, quien se negó a presentar información requerida por esta gestión: “Comenzamos a tomar cartas en el asunto y, por supuesto, nos comunicamos con la síndico que era quien tenía la información fehaciente. Sistemáticamente se negó a darnos números concretos hasta que el jueves pasado nos llega una notificación, tanto a nosotros como al Concejo Deliberante en la cual la síndico nos indica que ella no era empleada ni tenía ninguna relación estable con el municipio como para hacer ese tipo de trabajos. Sabemos que dichos créditos no se actualizan desde el 2002 pero con las distribuciones parciales que hubo, cuál es el monto que ahora resulta es el número que estamos buscando para hacer efectivas las acreencias”, aseveró David quien también explicó que la resolución que el Concejo Deliberante firmó a finales del año pasado, no es de cumplimiento obligatorio por parte del municipio, ya que no es una ordenanza.

Reunión con dos ex trabajadores

Por otra parte, la subsecretaria hizo referencia a la reunión mantenida hoy, en horas del mediodía, en la que estuvo presente y que fuera encabezada por el jefe comunal quien también estuvo acompañado del secretario de Economía y Finanzas, Daniel Mujica, con los ex trabajadores de la ex curtiembre, Raúl Laporte y Adolfo Libonatti: “fue en virtud de las últimas novedades que nos diera el juez, que llegaran a la municipalidad el jueves pasado. Si bien no tenemos ahora un número definitivo, los datos aportados vamos a tenerlos en consideración y vamos a trabajar en consecuencia. Este es el compromiso que ha asumido el Intendente en la reunión de hoy, de seguir trabajando en pos de comprar los créditos que tiene los trabajadores hoy para con la quiebra y de eso nos estamos ocupando todo el equipo técnico con la convicción de que seguimos en el camino de determinar el valor de los créditos para comprarlos y solventar a estas familias que están en una situación de inseguridad desde hace tantos años, en tanto tengamos la seguridad de que esto pueda hacerse legalmente en el marco de la institución que es la Municipalidad de Azul. No estamos haciendo una compra entre privados sino que hay un Estado que tiene que responder tanto a los 160 trabajadores como a los 65 mil habitantes de la ciudad”.

“El hecho de que hayan pasado tanto tiempo reclamando sus acreencias, es una quiebra del año 1998 recordemos, hace que los trabajadores sean un poco reticentes a recibir noticias de cualquiera de los actores que intervenimos en el procedimiento. De todos modos, quedó claro que la intención del Ejecutivo es seguir caminando en este rumbo que hemos tomado”, concluyó la subsecretaria.