Aunque ayer no contaba con toda la información actualizada en su despacho, el presidente de IPAUSS, Vicente Sinchicay, estimó que el organismo está pagando entre 3,7 a 4 millones por mes como consecuencia de la vigencia de la ley provincial 721, identificada como de los 25 inviernos.

Sancionada el 6 de diciembre de 2006, la norma ingresó en un proceso de ejecución de manera efectiva recién a fines de 2008, por lo que su afectación financiera tuvo impacto en el ejercicio 2009. Periodo en el que se asegura, que un 40 por ciento de las 400 jubilaciones tramitadas, se produjeron por el acogimiento de los estatales a la misma.

A la fecha, la masa dineraria destinada a los 25 inviernos, conforma un 19 por ciento de los 21 millones que se abonaron días pasados en materia de jubilaciones correspondiente a marzo. Porcentaje que elevará su proyección hasta el 2013, fecha que coincide con el ingreso de personal en la administración pública provincial, durante los dos primeros años del retorno a la democracia en el País entre 1983 y 1985.

Tras su sanción, las anteriores autoridades del IPAUSS plantearon entre febrero y marzo de 2007 y ante el Superior de Justicia de la Provincia la inconstitucionalidad de la Ley, solicitando a su vez una medida cautelar o suspensiva de la norma hasta tanto se resolviera la acción judicial encarada. Sin embargo, por razones que no pudo precisar Sinchicay, el máximo tribunal no hizo lugar a esta última.

Para el titular del organismo, día a día se hace más imperioso que la legislatura vuelva a discutir no solo la aplicación de los 25 inviernos, sino también de todos los regímenes especiales que se fueron incorporando durante estas 2 décadas, y que elevaron desproporcionalmente los egresos en concepto de pago, con relación a los ingresos recibidos a través de los aportes patronales que realiza el Estado Provincial, los municipios y el resto de organismos autárquicos y desentralizados.

Por lo que para tener una proyección real de la caja para los próximos 20 años, la semana pasada el IPAUSS lanzó una licitación convocando a consultoras y profesionales, con el objetivo de efectuar una valuación actuarial del sistema, y de esta manera contar con información precisa de las necesidades futuras a corto, mediano y largo plazo.