El régimen de jubilación fue aprobado cuatro años atrás por la Legislatura y permite a los estatales jubilarse con 25 años de aportes, 50 años de edad en los hombres y 45 en las mujeres. La denuncia presentada en 2007 por autoridades de la caja previsional derivó en la reciente opinión del fiscal Oscar Fappiano. Tomará intervención el Superior Tribunal de Tierra del Fuego.
El dictamen firmado el mes pasado pero que trascendió ahora solicita a la Corte provincial que haga lugar a la demanda presentada por autoridades del IPAUSS y declare inconstitucional la ley 721 aprobada durante una extraña maniobra legislativa a fines de 2006.
El régimen de los "25 inviernos" estableció como requisito para acceder a la jubilación por la caja de previsión del Estado, acreditar 25 años de aportes al sistema previsional fueguino y contar con 50 años de edad en el caso de los hombres y 45 en el caso de las mujeres.
En el documento al que tuvo acceso EDFM, Fappiano destaca que la reforma jubilatoria "reduce además de la edad de jubilación, el tiempo total de servicios con aportes, con la consiguiente doble incidencia en la finanzas del régimen (jubilatorio): pérdida de ingresos (menos aportes y contribuciones a causa de la reducción de los años de servicio con aportes exigidos) e incremento de los egresos (más jubilaciones a causa de la rebaja de edad para acceder a ellas y la posibilidad de compensar falta de edad con excesos de aporte).
Según la Fiscalía, al no estar acotada su vigencia en el tiempo, la reforma adquiere un "sentido permanente" con lo que "permite aprovechar su doble reducción a un número cada vez mayor de agentes a medida que transcurren los años".
El debate sobre la legitimación
El fiscal ante el Superior Tribunal dedica buena parte de sus argumentaciones a rebatir la postura del Fiscal de Estado de la Provincia, Virgilio Martínez de Sucre, acerca de que el IPAUSS no poseería legitimación para llevar adelante la demanda que se promueve.
"No se puede negar que el IPAUSS está haciendo valer un derecho cuya violación tiene impacto en la comunidad comprehensiva del control ciudadano sobre la gestión pública y compatible con la legalidad democrática", sostiene el dictamen. Y agrega que "la tesitura sostenida por la representación de la Fiscalía de Estado, no solamente desconoce esta creación de las democracias actuales y recibidas en su legislación por medio de las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que, si bien se la mira, si la institución que los representa legalmente no tiene legitimación, tampoco la tendrían los empleados aportantes, los contribuyentes y los jubilados, con lo que la ley no sería susceptible de ser impugnada judicialmente".
No obstante, Fappiano deja sentado en su dictamen que para el caso de que los jueces hagan lugar a la falta de legitimación del IPAUSS para efectuar la demanda, la propia Fiscalía ante la Corte solicita constituirse en parte del proceso.
Una aprobación polémica
El sistema jubilatorio de los "25 inviernos" fue incluido en la ley 721, aprobada durante una extraña maniobra legislativa el 7 de diciembre de 2006. El tratamiento del asunto no estaba contemplado en el orden del día en que se realizó la sesión de la Legislatura, sino que fue incorporado sobre tablas y a último momento para evitar la manifestación de sectores disidentes.
La impulsora de la iniciativa fue la ex legisladora mopofista María Vargas, aunque el proyecto fue votado también por los legisladores Roberto Frate, Damián Löffler, Miguel Portela, Carlos Saladino, Angélica Guzmán, Nélida Lanzares, Patricia Pacheco y Norma Martínez, casi todos ellos beneficiarios potenciales de la misma ley que aprobaron.
Tanto el directorio del IPAUSS como autoridades de la CGT se habían manifestado abiertamente en contra del proyecto que, según entendían, iba a poner en riesgo la viabilidad del sistema jubilatorio estatal en su conjunto.
Comentá la nota