Al menos dos funcionarios quedaron en el centro de la polémica por el presunto el cobro sistemático e irregular de planes sociales por parte de sus respectivos cónyuges de acuerdo con una denuncia presentada esta semana en la Municipalidad de Las Talitas.

Uno de los denunciados es Norberto Alejandro Paz, actual director de Acción Social de ese municipio, cuya esposa según la presentación realizada por el funcionario Julio Ramírez, resultó beneficiaria entre noviembre de 2009 y diciembre de 2012 del plan Asignación Universal por Hijo.

Lo particular es que la mujer empezó a percibir los beneficios mientras su marido ya había ingresado en planta permanente en noviembre de 2007 como funcionario estatal y pese a que se desempeña como Director de Acción Social del municipio desde el 1 de noviembre de 2011.

"Incluso Paz figura como titular de la obra social Subsidio de Salud y como beneficiario su esposa Belinda Rosa Bravo", indicó el denunciante.

Ramírez, asesorado por un abogado, plantea además en su presentación el hecho de que Paz como funcionario público "nunca pudo haber desconocido" que su mujer era beneficiada con la asignación pese a no corresponderle.

En la presentación, se adjunta además un informe expedido por la Anses donde consta que ni Paz ni su cónyuge registran "liquidaciones de plan social ni de asignación alguna, ni prestación previsional provincial o nacional".

La otra denunciada es la concejala de Las Talitas Juana Rosa Lobo, por el otorgamiento de un plan social a su esposo en una maniobra similar.

La presentación contra Lobo se realizó el último 19 de marzo ante Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación.

"Hemos cursado el lunes la denuncia a Luis Morghenstein, como intendente de Las Talitas sobre esta irregularidad a fin de ponerle al tanto acerca de otras responsabilidades funcionales que hubiera podido tener Paz por su falta de celo en la asignación de planes sociales a quienes no se encuentran comprendidos para hacerlo", reparó el denunciante.

El denunciante presentó también un pedido de intervención al Concejo Deliberante ante la Legislatura provincial.