Un grupo de extrabajadores, ahora jubilados, de la empresa Atanor habrían decidido denunciar una supuesta estafa de la que habrían sido víctimas por parte de una mujer que -según dicen- se habría hecho pasar por abogada con el fin de iniciar juicios contra el Estado nacional. Los damnificados, según la denuncia, habrían aportado a la mujer unos 1.000 pesos por persona para comenzar el reclamo ante la Justicia de Zárate-Campana. La maniobra se habría detectado en varias localidades del país. Sólo en Río Tercero se habrían tramitado unos 600 casos, comprometiendo alrededor de 600 mil pesos.

Algunos de los posibles damnificados, representados por el abogado Javier Genesio, ya concretaron presentaciones ante el Colegio de Abogados para determinar si la tramitadora posee o no el título habilitante de abogada. Genesio confirmó ayer a este medio que prepara, además, una serie de denuncias penales por el presunto delito de estafa.

Todo comenzó en marzo de 2012 cuando en Río Tercero se presentó Graciela Sanabria, domiciliada en Buenos Aires, ofreciendo a los exempleados químicos iniciar un reclamo indemnizatorio y de devolución de aportes contra la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Las reuniones, según la denuncia, se realizaron en oficinas del Sindicato Químico y Petroquímico de Río Tercero. En ese marco, la supuesta letrada ofreció sus servicios y para iniciar el trámite habría cobrado 1.000 pesos por persona. Pero ante la demora y sin contar con noticias de la suerte de los expedientes, decidieron denunciar el hecho.