“Nos llegó información acerca de que a la empresa se le inició una demanda a través de Arba para cobrar una deuda de $298.056 en concepto de impuestos a los Sellos que no fueron pagados”, destacó Martello en la solicitud.

El legislador provincial sostuvo que uno de los requisitos fundamentales que se suele exigir en este tipo de licitaciones es que los oferentes tengan un certificado de libre deuda. “Es decir, hay que estar al día con los impuestos para que se concrete la adjudicación. Para colmo, Covelia y otras empresas de recolección de residuos tienen beneficios impositivos escandalosos, como la alícuota diferenciada de 1,5% de Ingresos Brutos que, en 2013, le demandará un gasto tributario de $72,2 millones a la Provincia”, detalló.

Según se detalla en la solicitud, en el año 2010, en el expediente que derivó en el decreto provincial nº 1269, firmado por Daniel Scioli y el entonces ministro de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera, que avaló la licitación ganada por Covelia para la distribución del Plan Más Vida, la Fiscalía de Estado consignó que la empresa “deberá regularizar su situación de deudora morosa del fisco". En aquel momento, según se informó, la firma se había acogido a un plan de pagos.

Asimismo, el titular de la CC-ARI recordó que, en septiembre de este año, hubo una marcha de camioneros al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y luego, sospechosamente, se le permitió a Covelia seguir prestando el servicio, con un contrato que ya se encontraría vencido. “Queremos que el Ejecutivo provincial informe cómo es la situación contractual de la empresa. Por lo que sabemos, el contrato venció el 31 de octubre y la compañía sigue operando. Esperemos que no nos sorprendan con una nueva licitación o una contratación directa a favor de Covelia, que se concrete en las horas previas a los festejos de Navidad y Año Nuevo”, dijo el legislador provincial.

En abril de 2011, Martello presentó una demanda penal ante la Justicia de Lomas de Zamora para que se investiguen los vínculos entre Covelia, el titular la CGT, Hugo Moyano, y la presunta existencia de maniobras en beneficio de esta compañía tanto en la obtención de contratos de recolección municipal de residuos como en la distribución del plan asistencial “Más Vida”.

“Creemos que el servicio del Plan Más Vida debe ser prestado, integralmente, por el Estado. En los últimos dos años, cada vez que surgían problemas con los pagos, la empresa cortaba el servicio y miles de chicos de sectores postergados se quedaban sin recibir la leche. Para solucionarlo, el gobierno tuvo que depositar un plus en la Tarjeta Alimentos”, concluyó Martello.