La difusión de más videos con las torturas cometidas por un grupo de guardiacárceles a los detenidos en el penal San Felipe, reaviva la situación crítica que se vive en el sistema penitenciario de la provincia. En tanto, el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, aseguró que sigue adelante con la etapa de instrucción y "recolectando las pruebas necesarias" en la causa.

Hasta el momento hay siete detenidos, seis por torturas y uno por apremios ilegales. En todos los casos son agentes penitenciarios. En cuanto al personal jerárquico, el fiscal aclaró que no pesa sobre ellos ninguna imputación aunque "se sigue evaluando su situación".

A principios de febrero se difundieron los primeros videos tomados con un celular en los que se podía advertir claramente los maltratos a los que eran sometidos en el complejo de Boulogne Sur Mer algunos de los detenidos.

En total, son 1.600 archivos hallados en el aparato telefónico del agente Daniel Perón, uno de los guardiacárceles del complejo San Felipe, de los cuales 400 videos fueron remitidos a la Justicia al momento de formalizarse la denuncia.

Las imágenes que ayer se dieron a conocer son parte de la misma causa y no nuevos hechos producidos recientemente.

"Todos los videos están desde el principio (de la causa), nada más que ahora se conocen otros", remarcó Garay.

En estos "divertimentos sádicos" llevados a cabo por los penitenciarios, como los catalogó Diego Lavado, presidente de la Organización Xumex y uno de los abogados que sacó a relucir esta situación, se pueden apreciar cómo los internos corren desnudos y mojados por el patio (sólo uno llegó a ponerse un calzoncillo al salir de la ducha), mientras los guardiacárceles los persiguen con barras de metal. Si alguno de los presos se demoraba era castigado. El video está titulado como "Policías en acción".

También se pudo observar a un guardia apretando un desodorante sobre el fuego del encendedor, luego de que un interno que está dentro de una celda le pidiera fuego para fumar. "Fuego para un pucho" se llama ese clip.

"Estamos muy conformes con la actuación de la Justicia, que ha calificado los delitos como torturas y tormentos, que son hechos particularmente graves. Es un gran avance porque muchas veces se aplica la figura de 'apremios', que es excarcelable", explicó Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Desde la vuelta a la democracia, cuando se modificó el Código Penal, se equiparó el delito de tortura con el de homicidio, con penas que van de 8 a 25 años.

Al respecto, Garay sostuvo que de los siete imputados sólo uno podría recuperar la libertad porque está acusado de "apremios", pero que no lo aconseja ya que "una de las víctimas de la tortura fue liberada y hasta que entre al programa de protección podría correr peligros. Aún no se puede determinar si se trata de un hecho aislado o estamos frente a un grupo tipo mafioso", indicó el fiscal.

Aunque no fue confirmado oficialmente, trascendió que desde la fiscalía se está siguiendo una investigación en paralelo a estos hechos tortuosos que tiene relación con delitos de menor tenor pero cometidos también dentro del mismo ámbito. En este caso la lista de involucrados podría extenderse a otros integrantes del sistema penitenciario.

Por otra parte, Salinas se quejó por las demoras que tiene en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley que avala la implementación de un protocolo contra la tortura. La norma prevé, entre otros ítems, la puesta en funcionamiento de un organismo de control externo del sistema penitenciario compuesto por personas vinculadas a organizaciones de los derechos humanos.

"No se puede entender que los diputados no den la sanción que falta", bramó el letrado.

Pero desde la Legislatura sostienen que "ya están todos los mecanismos y las instituciones de control necesarias y sólo hace falta que se aplique la ley. No hacen falta más órganos que terminan en conchabos políticos. Porque si no, hay que crear un comité para cada delito tipificado en el Código Penal", dijo Daniel Cassia, del PJ Federal.

En tanto el radical Luis Petri aseguró que esa ley crea una "superestructura con facultades extraordinarias que asume atributos que les son propios a los poderes del Estado".

El comité podría "acceder a los expedientes en secreto de sumario lo que podría entorpecer las investigaciones; inmunidad para opinar y de arresto, igual que una persona elegida por el voto popular, y además solicitar informes a los tres poderes con la obligación de contestar en 10 días. También opinar en la designación de los jueces, algo que está estipulado en la Constitución provincial", enumeró Petri.

Por lo bajo, varios diputados deslizaron que aprobar esa ley tal cual está sería dar lugar a "un poder por encima de los otros poderes del Estado y sin control".