La apariencia de un arreglo entre profesionales médicos y funcionarios del Poder Judicial para ocultar derechos de las mujeres a la hora de poner en práctica el protocolo del aborto no punible, es el eje central de una causa judicial que se investiga a partir de la presentación de una afectada directa.

Una joven mujer se presentó en el Hospital Centeno para acceder a su derecho de abortar, pero primero un médico y después una funcionaria judicial no sólo le negaron esa posibilidad sino que además le advirtieron que podía llegar a ir presa, de acuerdo a lo que denunció bajo la representación de la abogada Cecilia Ruffini.

Esa manipulación, en aparente acuerdo, se convirtió en una denuncia formal, independientemente de que la mujer pudo hacerse el aborto, ya que una profesional del Centeno hace esas prácticas, a contramano del resto de los médicos del lugar, que se atan a la “objeción de conciencia”. La novedad de que una médica hace esas prácticas no había sido difundida como corresponde.

Tal como informó El Diario días atrás, quienes negaron la posibilidad del aborto fueron el médico Gustavo Dorochenco y la defensora oficial María Cristina Petazzi.

La abogada Ruffini explicó que a la mujer la conoció antes del 20 de junio y tomó contacto con ella a través del Foro Pampeano por un Aborto Legal Seguro y Gratuito. “Lo que le venía pasando es que se le diagnosticó a principios de ese mes que tenía feto encefálico, iba a requerir la práctica del aborto en función de lo que el protocolo permite”.

Precisó que en el proceso “le dijeron que tenía que llegar a término, en 7 u 8 meses, pero ese feto se convierte en una malformación en el cuerpo de la mamá”, sintetizó.

La profesional relató que “cuando formaliza la petición, en el trato con el médico, se deja constancia en la historia clínica. El médico le dice que la va a derivar a la defensora civil para que se asista jurídicamente, le da una pequeña vuelta... Cuando va a la defensoría le informan que no se puede realizar la práctica, porque no está contemplada, porque es ilegal; le dicen que va a ir presa ella y la alertan de que no lo haga por sus propios medios porque iba a actuar la Justicia e iba a tener una condena penal”.

“Lo que le proponen -añadió en su relato- es seguir con el embarazo asistida por un sicólogo que le iba a ayudar a aceptar la situación. Cuando vuelve al hospital, el médico corrobora lo que dice la Justicia y la deriva con el sicólogo. La sicóloga la asiste debidamente, le dice que está en el derecho de hacerse la práctica y que ante esta manera de manejarse del hospital le aconseja que se busque un abogado. Pero no tiene recursos, se contactan conmigo para ver cómo ayudarla, antes del feriado del 20 de junio”.

Ruffini le contó a “Radiocracia” (www.radiokermes.com): “Le dije que no tenía que ir a la Justicia, ni a ningún lado, había que hacer una nota para decir que si no lo resolvían en Pico en Santa Rosa la práctica es iba a hacer de todas maneras. Ella estaba angustiada, desesperada. Un médico le informaba que el embarazo ponía en riesgo su vida, el avance encima implicaba mayor riesgo e imposibilidad de una práctica abortiva. Era grave”.

La abogada dedujo que “evidentemente esta es la manera de actuar en estos casos. Entiendo las objeciones de conciencia, pero hay que ponerlo en conocimiento del director del hospital para contratar un médico o hacer la derivación a otro centro. Pero nunca se lo informaron. El lunes 24 hicimos el pedido por nota en el Centeno”.

“Estábamos previendo que se la iba a trasladar a Santa Rosa, porque es de público conocimiento que en Pico ningún médico accede a hacer la práctica. Pero ese mismo día me dicen que se interne en el hospital porque hay una médica nueva que hace las prácticas. Nadie nos había puesto en conocimiento de eso, para que todo el mundo sepa que lo puede hacer. La chica se interna, al mediodía le dieron la medicación y al otro día se hizo el raspaje”, comentó.

“Después ella planteó otra necesidad, porque había sufrido mucho. Y el maltrato dispensado no debía quedar así. Se buscó que la Justicia analizara si había una responsabilidad penal en el actuar de estos funcionarios, la denuncia se presentó en el Ministerio Público Fiscal y estamos esperando, está la documentación presentada, todo bien asentado, la opinión de la defensoría, del médico, está todo”, sintetizó Ruffini.

A su criterio, “esto no tiene porqué salir del hospital, el protocolo permite que si alguien no está de acuerdo no lo practique”.

Lamentó que desde el propio Poder Judicial “le dijeron que podía llegar a ir presa. Primero está la salud en riesgo y al margen una falta de apoyo total desde el Estado”.

Menos mal que “la sicóloga y la asistente social la pusieron al tanto de sus derechos”.

Ruffini evaluó que “es muy sugestivo que cuando en el Molas se han hecho muchas prácticas desde que rige el procedimiento, y acá solo este caso... me parece que haya un solo caso frente al cúmulo que se ha dado en Santa Rosa. El procedimiento me pareció muy mecánico, como si estuviera instrumentado de esta manera, con mucho acuerdo entre el ámbito del hospital, el ámbito de la Justicia...”