Se trata de Marcelo Martorell, quien además es socio de la consultora M&A. Está sospechado, junto con Acuña, y las contadoras Soledad Pastrana y María Florinda Rubio de desviar fondos de las cuentas de la UFI mediante la imputación de pagos ficticios a la AFIP desde una cuenta del Banco Nación cuando en realidad iban a parar a cuentas particulares.
Martorell tiene una activa participación en el club desde hace varios años. E incluso se ha alternado en la conducción con su padre Orlando Martorell en la entidad ubicada en Rodeo de la Cruz.
Hombre multifuncional, además de ser dirigente del club tricolor es socio de la consultora M&A, de la calle Serú de Ciudad.
Y además de esto fue funcionario del gobierno. Entró en el 2005 al poco tiempo se convirtió en empleado de planta pero desde hace más de un año y medio permaneció de licencia en el cargo de Tesorero de la UFI (Unidad de Financiamiento Internacional). En su lugar quedó Federico Acuña, ambos fueron los únicos encargados de Tesorería. Hasta que el 1 de marzo de este año renunció a su cargo de planta permanente, una situación poco común en las plantillas de la administración pública que pueden hacer reserva de su cargo sin mayores problemas.
Martorell está sospechado, junto con Acuña, y las contadoras Soledad Pastrana y María Florinda Rubio de desviar fondos de las cuentas de la UFI mediante la imputación de pagos ficticios a la AFIP desde una cuenta del Banco Nación cuando en realidad iban a parar a cuentas particulares.
Martorell está en mira de la investigación porque pese a estar de licencia su cuenta de usuario y su clave para acceder al SIDICO el sistema información contable del Estado, se mantenía activa. Esto alimenta las sospechas de los investigadores sobre su participación en el caso.
Según sostienen desde el Ministerio de Hacienda, tendría que haber sido el propio Martorell o quien lo iba a suceder en el cargo, es decir Acuña, quienes tendrían que haber dado aviso para que se diera de baja al usuario y a la clave de Mortarell, cosa que no se hizo.
Gurruchaga, en la mira
Desde el punto de vista jerárquico la UFI depende la Subsecretaría de Gestión Publica que desde hace 20 días está a cargo de Juan Pablo Tari pero anteriormente estaba bajo la órbita de Alberto Gurruchaga un carmonista que renunció al cargo cuando Guillermo Carmona se alejó de la gestión tras las fisuras que dejó la interna partidaria.
Si bien ya no pertenece a la gestión, Gurruchaga era el responsable de la unidad desde que inició de la gestión por lo tanto podría aportar celo Mortarell es el presidente del Club Deportivo y Social Guaymallén
La fiscal revisó la UFI por segunda vez
La fiscal especial de Delitos Complejos Claudia Ríos, llegó ayer en horas de la siesta por segunda vez hasta las oficinas de la UFI (Unidad de Financiamiento Internacional) del Ministerio de Hacienda para incautar documentación probatoria para la causa de fraude a la Administración Pública que lleva adelante. Cerca de las 16 se retiró del lugar.
Por espacio de una hora la fiscal y un grupo de investigadores de la División Delitos Informáticos revisaron computadoras, claves y expedientes pero no se llevaron elementos de las oficinas, ni papeles ni computadoras. Cotejaron información para determinar desde que máquinas se operó con las claves de acceso al SIDICO disponibles para algunos de los sospechados por el caso.
En la UFI trabajan alrededor de 80 personas que han recibido la instrucción por parte del coordinador ejecutivo de la unidad Juan Pablo Tari de colaborar con la Justicia. Dentro de lo posible pese al revuelo que involucra al organismo, los empleados siguen trabajando porque las oficinas no están cerradas y tanto los expedientes como el sistema informático está en uso.
La UFI dispone de $230 millones por año
Según la información que pública el ministerio de Hacienda en su página web, en el 2010 la UFI manejó un presupuesto de $230 millones de pesos que por ser de un organismo autárquico no pasa los por controles de auditoría que tienen el resto de las reparticiones del estado.
En el ejercicio 2010 la UFI tuvo un presupuesto $190 millones de fondos internacionales que llegan a través del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del BIRF (Banco Mundial) más otros $40 millones que son aportados por el presupuesto provincial como parte de la contraprestación de fondos que el Estado debe hacer para completar el financiamiento de los proyectos que están a cargo de la unidad.
Sólo rinde cuenta de sus recursos ante el Tribunal de Cuentas pero no ante los organismos de control del Poder Ejecutivo.
El Estado es querellante
Por decreto 1.217 el gobernador Celso Jaque instruyó al Asesor de Gobierno, César Mosso Gianini para que se constituya en querellante particular y actor civil en la causa por fraude a la administración pública que investiga la fiscal especial, Claudia Ríos. La novedad fue dada a conocer al mediodía por el subsecretario de Gestión Pública, Juan Pablo Tari.
Esto le permitirá al Ejecutivo formar parte en el expediente, intervenir, conocer el avance de la investigación y acercar información provatoria, explicó Tari.
El objetivo apunta a establecer el monto del daño que se ha ocasionado al Estado para reclamar el resarcimiento económico correspondiente a quienes sean juzgados como culpables de acuerdo a la investigación que lleva adelante Ríos.
De esta manera en forma complementaria a la decisión de la Fiscalía de formar parte del expediente se suma ahora la decisión del Ejecutivo.
Al mismo tiempo se dispuso la realización de una auditoría que estará a cargo de la Contaduría General de la Provincia para que revisen los movimientos de la UFI desde que se creó en mayo de 2005.
El día anterior la Fiscalía, había decidido pedir la intervención de algunos contadores de élite de ese mismo organismo con la intención de auditar las cuentas de la unidad ahora cuestionada.
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