En busca de hallar la matriz y el origen de la estafa recientemente salida a la luz, en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) analizarán las operaciones realizadas durante los últimos 16 años; lo que implica en términos políticos escudriñar también las gestiones provinciales de Jorge Busti y de Sergio Montiel; y las eventuales responsabilidades de anteriores titulares de la entonces denominada Dirección General de Rentas (DGR) como Marcelo Milano, Fabián Boleas, Guillermo Linesky o Aurelio Miraglio.

La investigación se remontará a épocas de registros informáticos más endebles -o no- e incluso antes de que la Provincia adquiriera, en medio de gran polémica, equipamiento informático similar al que se utilizaba en Corrientes.

El anuncio corrió por cuenta del titular de la ATER y denunciante del fraude con las compensaciones, Marcelo Casaretto.

El exminsitro de Economía más joven de la Provincia encabezó hoy una jornada técnica, con la participación de agentes de ATER de toda la provincia. Uno de los temas analizados fue la reciente denuncia judicial por el fraude que, hasta el momento, orilla los 50 millones de pesos.

“Dividimos cuatro períodos. Un período de 2012 hasta el presente; hicimos la denuncia penal y está en sede judicial con testimoniales e indagatorias. Tenemos un segundo período que es de 2011 hasta 2007 que está también en el ámbito judicial y en corto plazo vamos a terminar con el tercer período que sería de 2007 hasta 2003 y un cuarto período que sería de 2003 hasta fin de 1999. O sea que ahí habría algunas cuestiones que tal vez han prescripto del punta de vista de cobrar los impuestos, o de la acción penal contra los responsables, pero que de cualquier manera el gobernador decidió avanzar para que el conjunto de los entrerrianos sepa de la magnitud de esta irregularidad”, explicó.

El objetivo del encuentro fue “monitorear las variables que controla el organismo, hacer una comparación histórica de la recaudación y coordinar las acciones encaradas en función de las denuncias ante la justicia por el fraude de compensaciones”, explicó el funcionario.

Un centenar de agentes de ATER de toda la provincia se reunieron en el Colegio de Mandatarios y Gestores de Paraná para realizar una Jornada Técnica de actualización.

Casaretto también evaluó los efectos de la reforma tributaria realizada a fines de 2013.

“Venimos de una reforma en diciembre con el objetivo de mejorar los salarios de la administración y se cumplió, ya que el gobierno dio aumentos a 82.000 empleados que recibieron mejoras salariales derivadas de esta situación y hay 35.000 jubilados que también cobraron con los aumentos. Por lo tanto el 100% de la mayor recaudación que proviene de la reforma tributaria, ha ido al bolsillo de los trabajadores y de los jubilados y ese era el objetivo de la creación del Fondo de Seguridad Social”.

El último párrafo alude a las críticas formuladas desde el sector gremial durante la semana, señalando -tras la reunión de la comisión gremial que monitorea las cuentas provinciales- que el resultado de la mayor presión impositiva no se destina a mejorar los sueldos estatales, sino a cubrir el déficit originado en diferentes áreas de la administración, especialmente en el sistema jubilatorio entrerriano.