Según pudo saber NORTE, pese al hermetismo de fuentes judiciales, fueron tomadas más de 30 testimoniales y, junto con los informes requeridos a distintos estamentos estatales, quedó conformado un expediente que tiene alrededor de ocho cuerpos. De ahí surgiría que los testigos habrían identificado a los cabecillas del levantamiento policial y quedaría comprobado que fueron utilizados para fines ilícitos bienes del Estado.

La Jefatura de Policía de la provincia fue el epicentro de la concentración de quienes protestaban por mejores salarios, en diciembre pasado. La justicia federal ya tendría identificados a los cabecillas de esa rebelión.

Esta investigación preliminar iniciada de oficio por la Fiscalía Federal tiene como fin último determinar si existió en el Chaco el delito de “sedición” tras los hechos ocurridos entre el 8 y el 10 de diciembre pasado. Asimismo, cada paso dado en la dinámica permanente que tuvo la dependencia federal fue informado al grupo especial de fiscales creado en esta jurisdicción por el fiscal general Federico Carniel.

En ese contexto, además de los cabecillas de la fuerza policial chaqueña es posible que también haya civiles que queden imputados en la causa. Sin embargo, el número no alcanzaría a los 300 que el ministro Marcos Verbeek (cuando todavía estaba al frente de la cartera de Gobierno) se había adelantado a develar públicamente en declaraciones radiales donde, además, decía que la investigación federal terminaría por convertirse en una “megacausa”.

Cómo sigue

Los elementos recolectados por la investigación permitirían probar hechos que configuraron un accionar ilícito, como el impedimento a los integrantes de la fuerza policial que no se plegaron a la protesta de usar patrulleros y demás instrumentos para prestar el servicio de seguridad (armas y chalecos). Además, la situación de conflicto y los episodios en varias dependencias policiales configuraron un escenario donde no se garantizaron los servicios mínimos.

También constarían en el expediente los daños ocasionados a la Comisaría Segunda y a la Jefatura de Policía, lugar éste último que fue epicentro de la principal concentración de “rebeldes” y donde, finalmente, se llegó a un acuerdo salarial con el gobierno provincial.

Todas las pruebas recolectadas surgen de los testimonios tomados en la sede federal y también de los informes requeridos por la fiscalía a distintos estamentos estatales. Por tanto, tras el análisis de ese caudal de información podría decidirse la carátula de la causa federal y el elevamiento del requerimiento de instrucción al juzgado correspondiente.

Así, no sólo quedaría confirmada la competencia federal sino además estaría configurado el delito de “sedición”, que fue el motor de la investigación iniciada tras los hechos del 8, 9 y 10 de diciembre de 2013. En este sentido, son múltiples las conductas que configuran la “sedición”, un delito que pone en riesgo el orden constitucional, y que tiene por finalidad común atentar contra las instituciones democráticas.

Un punto clave para los investigadores era establecer si existió conexidad entre accionar policial materializado en la medida de fuerza y las concentraciones en dependencias de la fuerza de seguridad, y los hechos delictivos producidos en las ciudades.

Por eso, dada la gravedad de los hechos ocurridos en Resistencia y Sáenz Peña, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación preliminar de oficio a cargo, para el caso de la capital chaqueña, del fiscal Patricio Sabadini; y para el caso de la ciudad termal, del fiscal Carlos Sansserri. Es en esos ámbitos donde se produjeron avances a partir de actuaciones y medidas que ambos magistrados solicitaron.