La cifra de 89 muertes que según el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, se produjeron como consecuencia de la inundación del 2 de abril de 2013, fue convalidada por el gobierno bonaerense, el cual decidió dejar vencer los 10 días hábiles de plazo y no apelar ante la Suprema Corte bonaerense el fallo de la Cámara de Apelaciones que respaldó lo actuado por aquel magistrado. Este “consentimiento” llega un año y medio después de que la cifra oficial fuera cerrada en 52 víctimas.

Por otra parte, y en otro punto sustancial del fallo que no fue apelado, los jueces respaldaron un hábeas data colectivo, "a efectos de lograr, en forma plena e irrestricta, el acceso a la información pública referida a las víctimas fatales de la inundación ocurrida en la región los días 2 y 3 de abril de 2013".

La decisión de no apelar, anticipada por Diagonales luego de que los jueces de Cámara emitieran aquella decisión, estaría vinculada con la interpretación "positiva" que el Gobierno hace de otros aspectos de la sentencia de los jueces Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Juan De Santis y Gustavo Daniel Spacarotel.

Pero también tiene una lectura política. Apelar a la Suprema Corte implicaba prolongar el litigio judicial demasiado tiempo, con la posibilidad de que una resolución negativa recayera en tiempos electorales más candentes.

El vaso lleno. En el Gobierno resaltan como “positivo” de las fundamentaciones de los tres camaristas, la manifestación de no encontrar evidencia de que el gobierno bonaerense tuvo entre sus intenciones la de ocultar información.

Se aferran, sobre todo, a lo expuesto por la jueza Milanta, quien refiere en su postura que los cuestionamientos de Arias sobre la intervención estatal “no permite advertir un deliberado propósito de ocultamiento de la accionada -como aquél sostiene-, sino el contexto de diversos aspectos que pudieron haber confluido con motivo del desastre meteorológico”.

También se detienen en lo que consideran un reconocimiento "relativo" del número de víctimas. Lo hacen porque los jueces supeditan el establecimiento de los 89 muertos “a cuanto resulte en definitiva de la órbita competencial inherente al fuero penal, acerca de las ‘causales de muerte’”.