El letrado Miguel Ángel Febre relató que “vinieron a verme hoy por la mañana (por ayer) unos diez vecinos y tomé conocimiento de la situación de intimación de desalojo que tenían por parte de la justicia para justamente abandonar el predio”.

Febre prosiguió que “ante esto les recomiendo que concurran a Defensoría Oficial y si esta no tomaba el caso, que recurrieran al Colegio Público de Abogados de Río Grande a los efectos de que se les fije el patrocinio correspondiente para ejercer el dominio de sus derechos”.

En este sentido comentó que “desde Defensoría les dijeron que no estaban para estos casos y en el Colegio de Abogados le manifestaron que era muy caro el proceso entonces estos vecinos quedaron en la misma situación y volvieron a verme y a eso de las 14 horas confeccionamos el amparo”.

El abogado patrocinante explicó que el recurso de amparo se fundamentó básicamente en tres puntos: “fundamentalmente en la cuestión de ‘usurpación’, término que configura un delito tipificado en el Código Penal y que se caracteriza por la violencia y la clandestinidad, elementos estos que no están en este caso y por lo tanto podemos hablar de ocupación y no de usurpación y al no existir usurpación, no tiene sentido una acción de desalojo”.

Añadió que “la otra de las tres cuestiones es que cuando se hace lugar a una medida de este tipo (de desalojo) tiene que ver con quién insta la medida. Se tenía conocimiento por los medios de comunicación que esos predios son del municipio, sin embargo la denuncia por usurpación la hace un señor de apellido Rincón (N. de la R.: posiblemente se trate del Director de Catastro del Municipio) de ahí que tampoco hay claridad respecto de quién reclama la propiedad y quién hace la denuncia y quien puede hacerla es el legítimo dueño si bien esta denuncia es relativa porque no existe usurpación, no ha habido violencia y la ocupación fue a plena luz del día –no hubo clandestinidad-”, aseguró.

En la misma fundamentación, el letrado argumentó en su escrito que “esto es producto de la inacción del Estado con una clara política sobre viviendas y este tema no es nuevo puesto que cada dos o tres años se repite la misma situación de gente que es arrojada a un estado de abandono y de hacinamiento”, acusó.

Ante esta situación “la gente es obligada a tomar de modo propio la solución a su vivienda esto es inconcebible en Tierra del Fuego donde hay cuatro habitantes por kilómetro cuadrado y ¿estamos pensando que no hay 200 metros cuadrados para un vecino?”, se preguntó.

En este sentido recordó el derecho constitucional de garantizar el acceso a los habitantes de una vivienda digna, “derechos consagrados y reforzados por los tratados internacionales y el Estado ha hecho caso omiso a estas garantías”.