El juicio lo iniciaron los antiguos propietarios de la firma Arancibia y Bernáldez, que en aquel momento realizaba pavimentación en la ciudad pero el contrato fue dado de baja de manera unilateral por el intendente de aquel momento.

La causa tuvo sentencia definitiva en 1988, cuando la justicia le ordenó a la Municipalidad abonar 145 pesos argentinos (moneda de ese momento).

Las apelaciones ante los organismos judiciales superiores dilataron aún más el pago.

En el año 1994, la intendente Mirtha Verbeke de Canta también hizo una presentación judicial en la que reconoció la deuda.

“A raíz de esta decisión, hoy nos encontramos con que la gestión del intendente Ponce tiene que afrontar, por ahora, más de 3 millones de pesos, pero con la certeza que cuando se actualice la cifra serán más de 20 millones de pesos”, explicó el abogado Ricardo André Bazla, actual asesor de la Municipalidad.

El profesional adelantó que se utilizarán todos los recursos legales vigentes de la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal para intentar evitar pago que significaría un duro golpe a las arcas del Municipio.

“En principio tenemos un artículo que nos permite reprogramar esto para el presupuesto del año que viene, porque las cifras que están previstas para el año 2013 para afrontar gastos judiciales está en el orden de los 2 millones de pesos; el 10 por ciento de la cifra que pretende Arancibia – Bernaldez cobrar”, adelantó Bazla.

Y completó: “No es que la Intendencia se esté negando a cumplir una orden judicial, sino por la imposibilidad que existe desde el punto de vista práctico. No hay ninguna posibilidad cierta de poder afrontar esto”.