En la última semana, EL CIVISMO Digital dio a conocer la situación local que padecen cientos de vecinos afectados por la suspensión de pensiones no contributivas. Se trata de un derecho legal vehiculizado a través de la Comisión Nacional de Pensiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

El beneficio abarca a personas que padezcan incapacidad laboral, madres de siete hijos y a quienes llegaron a la vejez luego de transitar por el mercado informal de trabajo. Hasta la semana pasada, las oficinas locales de la Comisión Nacional de Pensiones, que funciona en la calle Lavalle al 700, contabilizaba unos 15 reclamos de vecinos que sin previo aviso vieron interrumpido el cobro. La resolución del gobierno nacional afecta a un sector de la población especialmente vulnerable.

En ese marco, desde el bloque de concejales Peronista-Frente para la Victoria presentaron una resolución que espera su aprobación. En la parte resolutiva, el proyecto propone que el Concejo Deliberante se dirija a las autoridades de la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que informe “norma o disposición administrativa que habilita a suspender sin previo aviso, ni derecho a defensa, las pensiones vinculadas a la ley 18910 (invalidez laboral), y 23746 (madres de siete hijos).

A su vez, los concejales solicitan información a ese organismo sobre los plazos de rehabilitación de pensiones, “y si la misma tiene carácter de cobro de retroactivo”.

En otro artículo, la resolución se dirige al Ministerio de Desarrollo Social solicitando “la provisión de una partida presupuestaria especial y de urgencia para que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda garantizar la provisión de alimentos frescos, no perecederos y medicamentos a todas las familias que han dejado de percibir el derecho a la pensión, hasta tanto se haga efectiva su rehabilitación y por el tiempo que ello demande”.

Por último, los concejales Leonardo Boto y Nicolás Capelli proponen remitir copia de la resolución a los ámbitos legislativos de Nación y Provincia, como así también a la totalidad de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

En los argumentos, la iniciativa destaca que la mayoría de las pensiones suspendidas están dirigidas “a personas que padecen una enfermedad crónica, que las incapacita para acceder al mercado formal del trabajo”. Los ediles exponen, además, que la interrupción del beneficio se concretó sin que mediara “notificación previa ni derecho a defensa, vulnerando y avasallando un derecho adquirido que ha tenido que encuadrar en los términos de una serie de trámites y requisitos, ajustados a normativa vigente para la adjudicación de la pensión”. En el mismo sentido, se cuestiona la falta de argumentos y disposiciones administrativas legales “que fundamenten el daño e impacto que en forma directa afecta a miles de familias en todo el ámbito del territorio nacional y en particular en Luján”.

“Es enorme el impacto en términos económicos y sociales que tiene para la localidad, como así también para empresas prestadoras de servicios básicos, considerados bienes sociales y derechos humanos fundamentales, tal es el caso de la energía eléctrica y el gas, cuyos afectados manifiestan no poseer los recursos económicos para afrontar los gastos que dichos servicios demanden. Este problema refiere a la subsistencia diaria y a la falta de políticas sociales de carácter integral, que hoy presenta la gestión Municipal y sin dudas es percibida”, se describe.

En otro tramo de los argumentos, los ediles resaltan que “es necesario reconocer que las pensiones no contributivas o asistenciales abordan consecuencias tales como: indigencia, pobreza, exclusión, falta de acceso de atención a la salud, etc.; claras manifestaciones de la cuestión social. Visto desde esta perspectiva, se exponen como contenido positivo que las mismas están determinadas como derechos y no como planes sociales, sujetos a un gobierno de turno”.