Una de cal...

La Cámara de Diputados comprometió finalmente su aprobación para el proyecto que supone que en nuestra provincia se instale un Centro de Medicina Nuclear: al menos esa es la garantía pública que dio el mayoritario bloque vernista, después de una semana de chisporroteos, cruces de acusaciones, presiones y pataleos por parte de protagonistas de los distintos bandos de la interna.

El desembarco de esa iniciativa en La Pampa supone una inversión de unos 300 millones de pesos, según la explicación oficialista, y la posibilidad de tener a mano un centro extraordinario y especializado, fundamentalmente para trabajar en cuestiones vinculadas con el cáncer, una enfermedad que muestra un particular crecimiento en nuestra región.

La promesa oficial es que el Centro “de excelencia” permitiría una atención de avanzada ante enfermedades crónicas complejas: sería un hospital de unos 2.500 metros cuadrados, con equipamiento de última generación, para el tratamiento de enfermedades no transmisibles como el cáncer, diabetes, cardiovasculares, respiratorias crónicas y neurológicas, las cuales implican una creciente carga de mortalidad y morbilidad.

Lo curioso de que el bloque vernista-marinista haya dado garantías de aprobación del proyecto es que en la misma semana algunos de sus integrantes arrojaron sospechas o al menos cuestiones sugestivas vinculadas al Centro Médico Nuclear: “Es mucha plata, no la podemos tratar entre gallos y medianoche”, dijo el diputado Martín Borthiry, que en el mismo acto explicó que darían el sí a la iniciativa.

En la misma intervención pública, el legislador interpretó que había un virtual conflicto de poderes, puesto que a su criterio el Ejecutivo vulneró derechos del Legislativo e impidió que este último poder ejerciera su tarea como corresponde.

Independientemente de las interpretaciones subjetivas, la primera lectura elemental de los hechos permite considerar que la presión que hizo el Gobierno surtió su efecto: si se trata de una puja vinculada con el PJ pampeano, en este caso la oposición que representa la alianza de la Plural y Convergencia cedió a la ofensiva del jorgismo, aun cuando motorizaron y le dieron aire a una convocatoria a los centros privados que se dedican a la problemática.

En esa presentación ante la Cámara de Diputados, los responsables de esos centros -que además, desde ya, significan un ingreso comercial para sus promotores- resistieron la instalación del Centro de Medicina Nuclear con argumentos diversos, entre los que se incluyó la presunción de que el Estado terminará gastando más recursos que los que invierte actualmente.

También advirtieron, en una natural expresión en favor de su propia supervivencia, que si se ubica en la provincia el nuevo centro es probable que otros tengan que cerrar sus puertas.

Aun con ese planteo, está claro que el proyecto tendrá vía libre, pese al contexto enrarecido que genera el clima preelectoral, y que contamina toda acción pública, tal como se escribió en este mismo espacio durante las últimas semanas.

En principio, la pelea es la que deriva de la confrontación intestina en el PJ, pero también hay sacudones -y se prevén nuevos- con los representantes del Frente Pampeano: esa lógica de la confrontación en un período electoral aparece como inevitable y en algunos casos hasta podrían señalarse aspectos o consecuencias saludables, pero siempre y cuando los actores sepan encontrar el límite de sus procederes y no afecten con su actuación la vida de la comunidad o la calidad de vida de los ciudadanos.

...y una de arena

Justamente la vida cotidiana de la ciudadanía es la que se puso en juego en la serie de debates que tuvo lugar durante la semana que se fue respecto de diversas acciones vinculadas con la gestión municipal.

La situación más crítica, no solo por su incidencia concreta sino también por la reiteración del problema, es la nueva rotura del acueducto del río Colorado, que impulsó a las autoridades municipales -en el contexto de la feroz interna- a manifestar sus “sospechas” por la existencia de algún hecho sugestivo vinculado con esa pelea en el seno del PJ.

El solo hecho de que semejante planteo pueda hacerse público mueve a la justificada conmoción por parte de los habitantes: si un funcionario municipal se atreve a pronunciar semejante denuncia, se supone que es a partir de algún dato concreto o de la constancia de alguna situación en la que sería posible que los funcionarios de la Provincia actúen de ese modo, es decir, ejerciendo una suerte de boicot.

La otra opción para explicar el hecho sería igualmente grave: autoridades comunales que patalean y acusan sin tener pruebas, para sacarle provecho a un episodio incómodo y arriar agua a su molino con una situación que genera inconvenientes a los vecinos.

Como sea, cunde en la pelea interna del PJ, tanto en un bando como en el otro, la costumbre de deslindar responsabilidades y sacarse de encima cualquier culpa que se les pueda endilgar por las decisiones tomadas en los últimos años, o por las obras mal hechas o no hechas en otras gestiones.

Cuando tiene lugar esa conducta a fin de gambetear responsabilidades, hace falta al menos un poco de memoria: hace más de tres décadas que los gobiernos, tanto nacional como provincial, están en manos del PJ pampeano.

Suele ocurrir que, sin internas feroces a la vista, entre bomberos no se pisan la manguera: las roturas del acueducto son sistemáticas, y sin embargo, nunca hasta este momento se escuchó a los funcionarios municipales pronunciar un cuestionamiento del tono y la gravedad que el que soltaron esta vez.

Lo mismo puede decirse de otro debate que ocupó espacio político durante la semana que se fue: los barrios masivos que se construyen en la capital pampeana sin la mínima infraestructura, sin escuelas cercanas, sin postas sanitarias, sin puestos policiales.

Una visita de los concejales de la oposición al IPAV, para plantear su proyecto de que si no hay previsiones no se hagan más ese tipo de “mini-ciudades”, disparó la reacción del gobierno municipal, que repentinamente también descubrió que la Provincia concreta acciones sin cálculos, sin consultas ni análisis previos, que terminan perjudicando a la comuna, pero también a los propios residentes en esos sectores, condenados de por sí a la postergación.

Otra de las cuestiones que han enfrentado al municipio con la Provincia en estas horas es la que tiene relación con los fondos coparticipables: la comuna insiste en que recibe menos dinero del que le corresponde, y mientras el Concejo Deliberante pide informes concretos y precisos, el Ejecutivo provincial garantiza que ese reparto se hace de modo transparente.

Finalmente, el municipio también quedó en el centro de la escena por la extensión del debate sobre el transporte urbano de pasajeros: al tiempo que convoca como forzadamente a la comisión de seguimiento del transporte urbano, la gestión que encabeza Luis Larrañaga decide apelar una vez más un fallo judicial que propicia que los colectivos sean accesibles.

No hay dudas, en ese caso, que la comuna actúa más como defensora de los intereses privados -en este caso, de la firma Autobuses Santa Fe- que respaldando la conveniencia de los vecinos santarroseños.