"La APDH hace pública su solidaridad y compañía a las familias que han perdido sus seres queridos en el siniestro del tren Sarmiento ocurrido en la Estación Once de nuestra ciudad. Asimismo hace lo propio con las aproximadamente 700 personas heridas que sufren hoy las consecuencias. Dejamos también constancia del trabajo del personal médico, bomberos, rescatistas, voluntarios, choferes y policías que, con denodado esfuerzo, sirvieron en bien de la pronta atención de los afectados.

Denunciamos la pésima gestión de la empresa contratista Trenes Buenos Aires como también las deficiencias de los organismos responsables de su control tanto administrativos como judiciales. Recordamos que la empresa TBA había sido advertida en el informe de la Auditoría General de la Nación del año 2008 presentado al Congreso de la Nación y a distintos organismos y funcionarios del Estado sobre el mal estado de todo el servicio de trenes así como de su incorrecto y deficiente mantenimiento. Por su parte los constantes reclamos de pasajeros y pasajeras por la forma inhumana en que viajan, refuerza dicho informe. Por nuestra parte como Organismo de Derechos Humanos denunciamos esta situación en anteriores oportunidades.

La APDH expresa su consternación por la falta de firmeza de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el control de la empresa concesionaria que también advierte la Auditoria General de la Nación. Un párrafo del informe lo resume todo:

La TBA no presenta en tiempo y forma los informes bimestrales establecidos por contrato respecto a los avances de lo ejecutado del plan de mantenimiento de vía y obras correspondiente al año 2005. Ante esta situación no consta reclamo de la CNRT por el incumplimiento.

Por su parte informaciones periodísticas dan cuenta que en diez años de concesión han ocurrido 1198 accidentes en la línea Sarmiento con un total de 818 personas muertas.

Por todo lo expuesto exigimos una acción judicial totalmente independiente a fin de que se esclarezca la verdad de lo sucedido y sus responsables sean juzgados y sancionados.

Reclamamos que tanto la empresa TBA como el Estado asuman su responsabilidad en lo referente a las reparaciones de todo tipo a las familias y personas afectadas.

Afirmamos además que los hechos sucedidos implican responsabilidades éticas y políticas que reclaman gestos acordes por parte de los involucrados y las involucradas".