El proyecto de ampliación presupuestaria para el pase a planta de personal temporario en el ministerio de Obras Públicas caldea cada vez más los ánimos en la Legislatura provincial.

En ese sentido, ante la presión que ejercen los empleados del ministerio y la necesidad de analizar detenidamente el proyecto, el Interbloque Peronista abrió el paraguas y responsabilizó exclusivamente al gobierno del Frente Cívico y Social de la suerte de los empleados. En conferencia de prensa, el Interbloque unido denunció que el Gobierno de la provincia “utilizando todo el aparato estatal, está movilizando a los empleados contratados que con toda legitimidad aspiran a tener un empleo estable, a manifestarse”.

En esa línea, el diputado por la Renovación Peronista, Jorge Moreno indicó que desde el nuevo gobierno “garantizamos la estabilidad laboral pero no estamos dispuestos a que de movida se pretenda condicionar la gestión de Corpacci”.

“Consideramos que estos proyectos (ampliación de presupuesto y 82 %) son actos de campaña, pero que se deben tratar con responsabilidad en el período ordinario de sesiones”, indicó Moreno, a lo que agregó que “esperamos que se concreten, pero de un modo serio y responsable”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, el saadista Carlos Rosales indicó que “el Ejecutivo tiene herramientas que le dio la Legislatura el año pasado para el pase a planta de estos empleados y es él quien debe tomar las cartas en el asunto y dar una respuesta”.

“El FCyS debe estar a la altura de la circunstancia, encarar un período de transición ordenada y no confundir a la gente tirando a la Legislatura medidas que van a afectar al nuevo gobierno”, cuestionaron los diputados a lo que dejaron en claro que “nos vamos a tomar todo el tiempo necesario para recabar la mayor información respecto de este proyecto”.

En otro orden, los legisladores justicialistas cuestionaron la firma de un acta el 3 de febrero pasado donde “tres diputados del FCyS, el ministro de Obras Públicas ante los empleados afectados se comprometían a que el tema lo iba a resolver la Legislatura”.

“No estamos a favor del despojo laboral de ningún catamarqueño, pero no vamos a ser responsables del mecanismo de precarización laboral que el Gobierno viene desarrollando”, señalaron.

Por último, Miguel Figueroa Vicario indicó que de ninguna manera “somos responsables de los disturbios que se puedan dar por ciudadanos que se ven en alerta por su situación laboral y que este Gobierno insensible pretende montarse en esa situación para hacerle daño a la Legislatura”.

Convocatoria a ministros

Ante la ausencia de respuesta a los pedidos de informes realizados por la Comisión de Hacienda y Finanzas al ministerio de Obras Públicas, la secretaría del Agua y del Ambiente y Vialidad provincial, los diputados decidieron directamente convocar a los responsables de estas áreas. En primer término, se convocó al titular de Recursos Humanos de la provincia para el 5 de abril, para que informe de la planta de personal de toda la administración pública desde diciembre del 2010.

Asimismo para la semana próxima se cita al ministro Juan Acuña, el 19 de abril será el turno del administrador de Vialidad, Néstor Rosales, para la semana siguiente al secretario del Agua y del Ambiente, Oscar Doering y por último, al ministro de Hacienda, Mamerto Acuña.

Denuncian un “Estado paralelo”

El Interbloque denunció la conformación de un “Estado paralelo, donde se violó sistemáticamente las leyes de presupuesto desde el 2005”, ante la novedad de designaciones realizadas por la Provincia, amparada en la firma de un decreto (2286/05) que faculta al ministerio de Obras Públicas a contratar personal en forma temporal. “nosotros aprobamos ciertos cupos de personal, pero estas designaciones se hacían por fuera de lo autorizado”. En ese sentido, los diputados adelantaron que analizan denunciar penalmente a los responsables porque “el Estado les estaba entregando recibos de sueldo como si se tratase de empleados comunes de planta, cuando en realidad y lamentablemente no lo son”. “Se les realizaba descuentos e incluso algunos tenían préstamos en la ex Capresca”, denunciaron los diputados a lo que agregaron que “se les ha mentido a estos empleados porque los contratos transitorios deben cesar cuando finalizan las obras”.

Para los legisladores, esta situación puede traer consecuencias judiciales contra el Estado y los erarios públicos porque “se crea un derecho adquirido. Ahora se quiere blanquear esa situación de una manera muy hábil donde nos deja involucrados a todos”.