La oposición quiere claridad en la información. Y estudiará el listado de empleados.
La determinación fue adoptada ayer por la mañana luego de que recibieran en la Legislatura a empleados contratados del Ministerio de Obras Públicas.
Los legisladores de la oposición se comprometieron a estudiar en profundidad la situación de los contratados.
En la reunión que mantuvieron a puertas cerradas algunos diputados del interbloque opositor, acordaron que girarán una nota al Poder Ejecutivo requiriendo toda la información anexa de los dos proyectos de ley, con lo cual podrán realizar un estudio pormenorizado de las medidas que tratarán en el recinto de sesiones.
También señalaron que, frente a la inexistencia de información y el poco tiempo para estudiar los proyectos, sería prácticamente inviable una aprobación de las iniciativas en estas condiciones.
De hecho, desde la oposición se solicitó al Poder Ejecutivo que extienda el plazo de las extraordinarias para que se empalmen con las ordinarias. Pero hasta el momento hubo respuesta negativa del Gobierno frente a esa solicitud.
Es que las sesiones ordinarias darán inicio el próximo 1 de mayo, con lo cual, poco más de un mes para tratar las iniciativas parecería ser un tiempo prudencial.
En análisis
Otro punto de análisis de la actual oposición, que a partir del próximo 10 de diciembre pasará a ser oficialismo, está ligado a la gran carga de empleados públicos con la que asumiría el nuevo Gobierno en manos del Frente para la Victoria. Y los pocos casilleros con los que contaría la nueva gestión para realizar incorporaciones en los distintos ámbitos de la Administración Pública Provincial.
El interbloque volverá a reunirse para continuar estudiando la estrategia legislativa que llevarán adelante.
Estudio del listado
Los diputados de la oposición quieren conocer con nombre y apellido, tarea y antigüedad, el listado completo de los empleados a los que el Gobierno pretende cambiar su situación de revista.
Es que los legisladores no quieren que en las listas se incluyan a funcionarios de tercera línea, supervisores, punteros políticos o parientes directos de los ministros.
Tras una revisión detallada, quieren que, de autorizarse el pase a planta, los beneficiarios sean obreros y empleados con antigüedad en el Estado, y no una bolsa de trabajo para militantes del Frente Cívico y Social.
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