Hernán de GoñiLos reiterados intentos del Congreso por establecer algún tipo de control sobre el gasto público han sido infructuosos. El Presupuesto 2011 es el ejemplo más extremo, ya que la pulseada por modificar varias de sus partidas (entre ellas la que contempla el pago de jubilaciones) terminó por bloquear el tratamiento parlamentario y le dio al Gobierno la excusa perfecta para acudir a un instrumento “ochentista”, que es la adecuación por decreto de la distribución de recursos del año anterior.
Aunque la movida tiene intencionalidad política (como casi todo lo que sucede en un año electoral) es de esperar que tanto diputados como senadores se convenzan de que someterse a una regla que contribuye a transparentar la gestión, aún cuando eso implique algún costo político, será siempre más beneficioso que convalidar un mecanismo que legaliza la arbitrariedad.
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