El intendente de la localidad cordobesa de Mendiolaza consideró que su par de Córdoba capital, Ramón Mestre, se apresuró al cerrar el predio de Piedras Blancas para que 20 municipios depositen la basura desde el 1 de agosto.

“En 60 días la situación para los 20 municipios del área del Gran Córdoba será realmente grave, me parece que hay una decisión apresurada cuando hay una sociedad de por medio, donde nosotros abonamos por la basura que llevamos todos los días”, indicó Daniel Salibi a Cadena 3.

Y argumentó: “Una sociedad no se puede romper por un espacio, todos tenemos que estar en las buenas y en las malas, para poder estar los 21 municipios nuevamente en Piedras Blancas y, paralelamente, seguir trabajando y esperando la resolución del TSJ (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba)”.

El TSJ ratificó parcialmente la medida cautelar vigente por lo que la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) deberá “abstenerse de emprender obras civiles de una planta de tratamiento de residuos en Santa Ana –entre las rutas nacional 36 y la provincial 5–“.

Y remitió las actuaciones a la Cámara Contencioso Administrativa de 1º Nominación, donde se tramita la causa, para que resuelva la cuestión de fondo.

Además, Salibi admitió que Cormecor podría desarmarse si los municipios del Gran Córdoba quedan afuera de Piedras Blancas.

Por su parte, Norberto Bergami, titular de la empresa Crese, manifestó que la ampliación de la fosa, que actualmente se está utilizando para el depósito de residuos, extenderá su vida útil de 12 a 15 meses, pero sólo para la capital provincial.

Los vecinos autoconvocados de "Santa María sin basura", por su parte, señalaron en un comunicado que "no quieren megabasurales", e insistieron en los "serios problemas" que, según su postura, tiene el predio de Cormecor.

"No creemos que la salida a este problema sea el traslado de este megaenterramiento a otro sitio. Pero es preciso que todos conozcamos que esta defensa acérrima del proyecto tiene motivos más que claros: intereses económicos", apuntan.