La convocatoria de casi medio centenar de testigos, entre ellos el intendente de San Martín de los Andes, el pedido de nulidad de una de las pruebas presentadas por la Fiscalía y una fuerte crítica al juez Joaquín Cosentino fue el saldo de la primera jornada de la audiencia de control de acusaciones, en la causa donde se juzga a Juan Marcos Fernández y Analía Godoy por el cargo de falso testimonio y encubrimiento calificado en concurso ideal”, por el asesinato del sargento ayudante José Aigo.

Durante las presentaciones, el fiscal Manuel González no dudó en asegurar que Fernández y su mujer mienten y que las declaraciones de ambos son “inverosímiles ya que nadie puede creer por ejemplo que alguien va a pagar 1.600 dólares por un viaje de El Bolsón a Aluminé, o que quien contrata a un fletero deje su auto en la puerta de la casa del primero con las llaves puestas para que la mujer de éste lo use”. Además, el fiscal dijo que “está claro que, con su accionar, Fernández y Godoy ayudaron a Jorge Salazar Oporto y a Alexis Torres Cortes a evadir la Justicia en un caso de extrema gravedad”.

Asimismo, el fiscal no dudó en cargar las tintas contra el juez Cosentino, quien fue el primer magistrado en llevar adelante la causa y que, debido a las irregularidades detectadas en la misma, fue apartado por la Cámara de Apelaciones.

Para González, en base a las pruebas con las que cuenta, “Juan Marcos Fernández y Analía Godoy conocían perfectamente a Salazar Oporto”. Además, indicó que el 18 de febrero en el lapso de una hora y media aproximadamente una cámara de seguridad de San Martín de los Andes registró el paso de la camioneta de Juan Marcos Fernández y después el Fiat Uno de Salazar Oporto.

Por su parte, la querella adhirió a la estrategia del Ministerio Público Fiscal, a la vez que pidió que se lleve adelante una prueba en el Instituto Balseiro de una cinta verde que había en tres mochilas secuestradas de la camioneta propiedad de Fernández.

Ante la presentación como prueba de la fiscalía de dos partes de los formularios TUM (tarjeta única migratoria) que se hallaron en la casa de Salazar Oporto pero a nombre de Juan Marcos Fernández, siendo que estos formularios quedan en los respectivos servicios de migraciones al ingresar y salir de un país, la defensa pidió la nulidad de la prueba en cuestión por entender que “no se ajusta a lo ordenado por el juez Cosentino al momento de realizarse el allanamiento”.

En tanto, el abogado defensor Laprida incluyó entre sus testigos al intendente Juan Carlos Fernández, padre de Marcos Juan Marcos Fernández, para que dé cuenta de “las vicisitudes por las que tuvieron que pasar” al momento de querer entregar en fiscalía una foto del asesino del policía Aigo. Ante esta situación el fiscal solicitó que si se admite dicha cuestión se cite a declarar también al fiscal Ignacio Oyela, al jefe de fiscales Fernández Rubio, al juez Joaquín Cosentino, a la secretaria de dicho juez y al abogado Bagnat, para que den cuenta de lo sucedido en dicho momento.

Finalmente, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 15, donde se conocerán algunas resoluciones del juez Mariano Etcheto respecto de las presentaciones realizadas por las partes. El juicio debería concretarse a más tardar a mediados de mayo por parte de un tribunal colegiado.