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Carla Pelliza

Mientras la oposición dura y sus antiguos socios ya transitan el camino de la nulidad judicial, el PRO eligió el camino de la expectativa analítica. Para el macrismo, el Decreto 941/25 se volvió una encrucijada de 'todo o nada'. Al tratarse de un DNU que no permite modificaciones parciales en el Congreso, activó una mesa de análisis técnico para evaluar los puntos más oscuros de la reforma de inteligencia. 

El decreto que reforma la Ley de Inteligencia Nacional generó un rechazo inmediato en la oposición y una cautela estratégica en el ala de aliados más duros. Como adelantó El Destape, el PRO decidió no sacar conclusiones apresuradas y esperar los protocolos de aplicación de la norma. Estos documentos serán la llave para que el partido amarillo defina si convalida el avance presidencial o si le pone un freno a las facultades extraordinarias de la SIDE libertaria.

Hay puntos del decreto 941/25 que despiertan serias dudas en el bloque que conduce Cristian Ritondo, especialmente los referidos a la contrainteligencia y la capacidad de detener ciudadanos. El macrismo exige conocer si los protocolos establecerán “límites claros y controles efectivos”; de lo contrario, el apoyo no estará garantizado.

Al tratarse de un DNU, el Congreso no puede "abrir" la norma para aprobar lo que le gusta y rechazar lo que no. Los legisladores deben avalar o desechar el paquete completo. Por eso, para el PRO, los protocolos de aplicación —que aún no fueron publicados— son el único resguardo posible ante la imposibilidad de diseccionar el decreto.

Esta prudencia fue la recomendación de la mesa de análisis que conformó el PRO el jueves pasado. Desde entonces, no hubo contactos formales con la Casa Rosada para establecer una estrategia conjunta en el Congreso, ya que el oficialismo apuesta a que el debate recién llegue al recinto en el período ordinario, a partir de marzo.

Pese a que el bloque amarillo considera "positiva" la intención de “modernizar un sistema que quedó viejo”, el bloque resolvió no fijar una posición definitiva sin las garantías que espera se incluyan en los protocolos. Para el espacio, es deseable que la inteligencia nacional sea más eficaz, pero siempre dentro de la ley y con controles democráticos firmes.

En materia de contrainteligencia, el PRO exige que se establezca cuándo se actúa, con qué límites y quién controla, para evitar que el sistema caiga en la discrecionalidad absoluta. Sobre la aprehensión de ciudadanos, el bloque marcó una línea roja: el agente de inteligencia no es un policía, no puede identificarse ni actuar de manera abierta. Por lo tanto, esta facultad debería ser "excepcional y acotada", y bajo ningún concepto transformarse en una herramienta habitual.

Mientras el PRO espera, la oposición dura ya movió sus piezas. En Diputados, Unión por la Patria y el interbloque Unidos exigieron - cada uno por su lado - la conformación urgente de las comisiones de Inteligencia y de Trámite Legislativo para anular la medida. En el Senado, el bloque Justicialista denunció una “violación de la Constitución”, subrayando que Milei podría haber enviado una ley durante las sesiones extraordinarias en lugar de apelar a un decreto de último momento.

En paralelo, el frente judicial ya está abierto. Los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, junto al socialista Esteban Paulón, presentaron una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del decreto. Para ellos, el texto no solo carece de "necesidad y urgencia", sino que invade materia penal.