Días atrás, el fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, participó en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, de una jornada de debate con sus pares de aquella nación, donde se plantearon problemáticas ambientales en común y la administración de la justicia para con los delitos en donde se ve perjudicada el equilibrio ecológico, especialmente el del agua.

Los funcionarios judiciales de Uruguay se interesaron en conocer los alcances desplegados por la justicia de nuestro país, en este caso las acciones encaradas por la Cámara Federal de Tucumán, al investigar a industriales por presuntos daños ocasionados a los afluentes de la cuenca Salí- Dulce y que desembocaron en el embalse de la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

El fiscal argentino explicó en su exposición sobre la estrategia de la acción penal, mientras que fiscales uruguayos plantearon la acción de la inconstitucionalidad ante problemáticas ambientales, como una herramienta valiosa que debería implementarse en nuestro país.

“Este aspecto sería bueno sumarlo como una herramienta más al tema ambiental. Las acciones de inconstitucionalidad iniciada por los fiscales uruguayos es lo que más les preocupa, porque si las acciones prosperan, a las empresas que contaminan se les puede cancelar los permisos de explotación”, resaltó.

Allí, la transmitieron que las principales trabas a la investigación judicial provienen del poder económico uruguayo. Recalcó que en la charla, se asombraron del rol asumido por el entonces Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, al presentarse como querellante por la contaminación. “Para ellos es inexplicable que un político se haya presentado como querellante, eso no pasaría en Uruguay”, indicó Gómez, aunque les advirtió que programas como el PRI (de reconversión industrial), “permiten una contaminación que está por encima de la ley penal ambiental, por eso tenemos a muchos empresarios procesados”.