Del razonamiento de César Ventimiglia, y posiblemente del propio intendente Gustavo Pulti, se desprende que “antes de legislar el uso de las imágenes, hay que atravesar un proceso de prueba y error del sistema de vigilancia urbana”.

Para el coordinador del programa de Protección Ciudadana, “no es urgente legislar, porque lo imperioso es hacerlo bien”. Y para eso, según su receta, “hay que tener todas las cámaras instaladas, para verificar su funcionamiento y detectar los puntos que son necesarios reglamentar”.

Recién entonces, sostiene Ventimiglia, puede elevarse un proyecto de ordenanza que paute los criterios por los cuales el Municipio podrá -o no- entregar imágenes de las cámaras a instituciones públicas, empresas privadas o entidades civiles, con o sin fines de lucro.

La intención del funcionario, tal como explicó a El Atlántico, “es enviar al Concejo Deliberante un borrador normativo antes de fin de año”. Mientras tanto, la empresa adjudicataria del proyecto de vigilancia terminará de instalar las 60 cámaras que completan el dispositivo de 120 equipos de video en la vía pública.

Según Ventimiglia, los artefactos digitales deberían de estar colocados para mediados de octubre. “Eso es lo que no ha dicho la empresa y de eso nos agarramos nosotros para planificar el trabajo, que hoy se reduce, y no justamente porque sea menor, a la búsqueda de los puntos de ubicación de las cámaras”, señaló el funcionario.

Hasta el momento, en materia legislativa, sólo se sabe que sobre los videos obtenidos mediante este sistema o cualquier otro medio de propiedad comunal o de servicios contratados a terceros es la Municipalidad de General Pueyrredon la que tiene los derechos de uso de las imágenes obtenidas.

Así queda especificado en el artículo primero de la ordenanza 20.009, que fue promulgada en noviembre de 2010, con un veto parcial del intendente.

A través del decreto 2361 fue que Pulti dejó sin efecto el segundo artículo de esta norma; ese que indicaba que “sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquier material susceptible de ser visto u oído con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad requerido por terceros, sólo se entregará a la Justicia o a quien ésta indique mediante orden del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal y con conocimiento del alcance de la presente”.

Sin hacer eje en el cuestionado veto, en pos de centrar la conversación en el presente no legislado, este medio le preguntó a Ventimiglia los motivos por los cuales se avanza en la instalación de más cámaras, se procede a la difusión de las imágenes en los medios de comunicación y se habla de las bondades del sistema de vigilancia, pero sin elaborar una reglamentación sobre el uso de esos videos.

El funcionario, no sin titubeos, contestó: “Yo tendría que elevar un proyecto de ordenanza, porque estoy de acuerdo que el uso no puede estar a discreción del Municipio. Hay que reglamentar los derechos de eso de esos videos. Pero no creo que sea algo urgente, porque lo imperioso es hacerlo bien”, reflexionó Ventimiglia.

“Hasta el momento no lo hicimos porque no sé cómo funciona el sistema. Por eso estamos esperando que se terminen de colocar las cámaras. A partir de ese proceso de prueba y error es que podremos saber qué reglamentar”, agregó el coordinador del programa de Protección Ciudadana.

La comunicación con Ventimiglia respondió a que en el último mes (el segundo desde la puesta en funcionamiento del sistema de vigilancia) en dos o tres oportunidades el Municipio distribuyó a los medios locales las imágenes que muestran la resolución o disuasión de un delito “gracias a las cámaras de seguridad”.

Tras descartar que el Ejecutivo con la difusión de esas imágenes alimenta el show del robo y el delito, el funcionario explicó: “Las mostramos para que la gente sepa que los equipos están aportando a la prevención del delito. No se dan precisiones del lugar del hecho, ni de las personas involucradas. Tenemos que mostrar el resultado de una gestión”, consideró el coordinador del Programa de Protección de Ciudadana.

Por el momento, independientemente de si se distribuyen o no, las imágenes que se obtienen son grabadas y guardadas de corrido por 30 días. Luego, previo un back up, se las archiva en una oficina especial del Centro de Monitoreo de Luro casi Córdoba.

Ahí trabajan, según precisó Ventimiglia, unos 20 operadores. Los turnos laborales se extienden por 8 horas y cada 45 minutos, dijo el funcionario, se les conceden 15 para descansar. Es que el trabajo implica la observación permanente de 2 monitores. En cada uno de ellos, seis cuadros, es decir, 12 cámaras.

UBICACIÓN DE LAS NUEVAS CÁMARAS

A mediados de julio, junto al coordinador del programa de Protección Ciudadana, Pulti dejó inaugurado el Centro de Monitoreo. Y así fue que puso en marcha el sistema de vigilancia urbana a través de las primeras 60 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad.

Por entonces, se anunció que los equipos estaban colocados en la zona del centro, sobre las avenidas Carlos Gardel, Arturo Alió, Luro, Champagnat y las calles Tres Arroyos, Alvarado y Vértiz, entre algunas otras.

Y el período que se transita, como dijo Ventimiglia, es el de la finalización de la ubicación de las 120 cámaras previstas en el pliego de bases y condiciones. La intención, como ya aclaró, es que a mediados o fines de octubre todo el dispositivo esté instalado.

Por eso que actualmente, el funcionario trabaja en la identificación de “las mejores intersecciones”. “Pero lo que ya puedo asegurar es que cada cuadrícula policial, que en Mar del Plata suman 82, tendrá su equipo digital”, anunció Ventimiglia.

De todos modos, la propuesta del funcionario será colocar más de un cámara en las cuadrículas “superpobladas”. “A esas mismas unidades territoriales es que sumaremos algunos de los 45 patrulleros que enviará la Provincia”.

ACUERDO CON LA FISCALÍA

Hace poco más de diez días, el fiscal general del Departamento Judicial Mar del Plata, Fabián Fernández Garello visitó el Centro de Monitoreo Urbano. En dicha oportunidad, fue recibido por César Ventimiglia, el coordinador del Programa de Protección Ciudadana, con quien realizaron un acuerdo de palabra.

“Convenimos, luego de un rato de charla, que siempre que un comisario o agente policial pida imágenes se les entregarán sólo si media orden de la Fiscalía en turno”, reveló Ventimiglia, que enseguida acortó: “De lo contrario, no se les podrán dar las imágenes”.

Hasta donde tiene previsto, este pacto de buena fe quedará plasmado en el proyecto de ordenanza que “antes de fin de año” presentará para reglamentar el uso de las imágenes de las cámaras de vigilancia.