Instalarán cámaras de Seguridad en las calles de Bariloche

Las demoras en la implementación provincial de un sistema de seguridad a través de cámaras, llevó al municipio a diseñar una estructura propia.

Según se pudo saber, se denominará “Sistema de video vigilancia Urbana", y el Ejecutivo lo pondrá a consideración del Concejo en los próximos días. Inicialmente, contaría con 20 cámaras -incluyendo videocámaras de particulares y sistemas de vigilancia privada-, y un centro de monitoreo de imágenes. Con apoyo de la Policía se establecerán los puntos de ubicación de las cámaras.

El sistema de video vigilancia instalado por la provincia -a través de una licitación que se encuentra cuestionada administrativa y judicialmente- no termina de implementarse, debido, fundamentalmente, a la falta de previsión sobre la capacidad de transporte de las imágenes, que requiere de una infraestructura que sólo el tendido de fibra óptica de la CB puede ofrecer.

Ese aparentemente insalvable cuello de botella, demora la puesta en marcha del promocionado sistema. Incluso, la situación fue motivo de un cruce entre la Provincia y el Municipio, cuando la gestión interina local ofreció empleados municipales para cumplimentar con las tareas de monitoreo de las imágenes. El Gobierno de Alberto Weretilneck “agradeció” la oferta, pero aseguró contar con la estructura necesaria para la puesta en marcha del sistema. Pero pasó el tiempo, y las cámaras aún no funcionan como debieran.

En ese marco, el municipio presentará oficialmente en los próximos días el “Sistema de video vigilancia Urbana para la Ciudad de San Carlos de Bariloche”, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Seguridad local -que conduce Diego Puente-, bajo la premisa de que “la aplicación de técnicas de disuasión y tecnologías preventivas son parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana municipal que inicia una modernización hacia nuevos aportes y formas de colaboración para combatir el delito”.

Según se pudo saber, se trata de “un conjunto de cámaras de video dispuestas en lugares estratégicos de nuestra ciudad, que conforman un conjunto de imágenes nucleadas en un centro de monitoreo con consigna policial. Desde este centro, se puede observar en tiempo real cada sector urbano captado por las cámaras”.

Se trataría, en principio, de 20 cámaras, aunque se prevé incorporar “la utilización de videocámaras de particulares y sistemas de vigilancia privada, las que, previo registro, homologación y autorización respectiva, serán vinculadas a la Red de monitoreo municipal”, de acuerdo al borrador al que accedió esta agencia.

“Con apoyo policial, se seleccionan los puntos estratégicos de la ciudad donde se ubicará cada cámara de vigilancia. Estas cámaras filman un determinado sector durante las veinticuatro horas del día reenviando las imágenes capturadas a un centro de monitoreo que concentra las mismas. Desde el centro de monitoreo se podrán disponer de los recursos policiales necesarios en caso de ser requeridos según la información de vigilancia para lo cual se propondrá el convenio marco de cooperación respectivo”, estipula.

Este sistema, “ofrece múltiples resultados en beneficio de la seguridad pública pudiendo por ejemplo, advertir actitudes sospechosas previas a un delito, determinar modo y lugar de un hecho criminal, esclarecer identidades o reconocer motivos delictuales entre otros resultados. Asimismo, uno de sus principales resultados, es el poder de disuasión del delito que genera el sistema siendo este un factor importantísimo en la prevención”, se detalla en el proyecto.

Además, las imágenes serán utilizadas como herramienta para el control vehicular y del tránsito.

Las imágenes obtenidas por las cámaras serán resguardadas por un lapso de seis meses, y las imágenes serán monitoreadas por personal municipal, con una consigna policial, y con comunicación permanente a través del comando radioeléctrico y el “Sistema de Seguridad 911”.

La definición de la ubicación de las cámaras surgirá del “análisis sistemático de las áreas de la ciudad de mayor vulnerabilidad delictiva conforme a las estadísticas que se confeccionen profesionalmente en la materia”, y será necesaria la realización de un “estudio de factibilidad e instalación del equipamiento y software necesarios”, que, según se desprende del borrador, aún no fue confeccionado.

Sin bien la iniciativa es incipiente, lo cierto es que transparenta un nuevo distanciamiento entre los gobiernos municipal y provincial que no pudieron, hasta el momento, articular un proyecto conjunto en la materia.

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