Sin un acuerdo entre el gobernador José Manuel de la Sota y el intendente Ramón Mestre para modificar la Ley 8665, Título III, Artículo 3, y la Ordenanza 11.684, Artículo 29, que prohíben todo tipo de juego en Córdoba en un radio de 20 kilómetros tomados desde la Plaza San Martín, no podrá prosperar el pedido de la empresa Boldt para instalar en la ciudad la Quiniela electrónica en las agencias oficiales.

“La instalación de salas de casinos, y de bingo con máquinas de juego («slots») sólo podrá realizarse en hoteles localizados en áreas de interés turísticas, así determinadas por el Poder Ejecutivo, y a una distancia radial mayor a los veinte (20) kilómetros contados desde la Plaza San Martín de la Ciudad de Córdoba”, establece el artículo 3ª de la Ley 8665.

En tanto, el Artículo 29 de la Ordenanza 11.684 afirma que en todo lugar donde se desarrolle un espectáculo público queda prohibida la instalación de cualquier tipo de azar u otro que represente para el participante un premio, por lo que para que el pedido de Boldt prospere tendrían que modificarse ambas leyes, en la Legislatura provincial y en el Concejo Deliberante.

La polémica comenzó a raíz de un informe publicado en Canal 10, a través del cual se conoció el pedido de Boldt a la Lotería de Córdoba para que se permita la instalación de máquinas de quiniela instantánea, donde el jugador hace su apuesta y puede cobrar el premio de manera inmediata si resulta ganador, en un mecanismo similar al de las tragamonedas.

Tanto en el Concejo Deliberante como en la Legislatura estas normas pueden ser modificadas, ya sea con el voto de los bloques oficialistas (UCR y UPC) por separado o juntos, lo que le daría un marco legal al proyecto para instalar tragamonedas (o casinos) por ejemplo en las torres que se pretenden levantar en el Batallón 141 cuyo proyecto hasta el momento aún no fue presentado.

La empresa Boldt maneja nueve casinos en Buenos Aires, y la firma Antonio Tabanelli comenzó a desplegarse en esa área durante el gobierno de Felipe Solá y, ahora, de Daniel Scioli.

Consultado el concejal del bloque Eva Perón, Miguel Siciliano, expresó que “el juego está prohibido en Córdoba”, por lo que dijo no entender “cómo una empresa con la experiencia de Boldt realiza una petición para instalar algo que sabe que está prohibido”.

La opinión de dirigentes del Frente Cívico en la Legislatura

coincide que se trata de “una locura”, que puede traer al Gobierno provincial y municipal “problemas con la Iglesia”, aunque no descartaron que las necesidades de “recaudar” puedan estar primando en estos momentos.

Sin conocerse la opinión oficial de la Provincia o del Palacio 6 de Julio sobre el tema, Siciliano interpretó que “podría tratarse de un intento para sondear traer el juego a Córdoba”. “Se discutirá si conviene, si no, se argumentará que se crearán puestos de trabajo”, y si el tema prende no habrá problemas para instalarlo. Tanto UPC como la UCR tienen mayoría en la Legislatura y el Concejo Deliberante como para levantar las restricciones.