Participan de la medida de fuerza habitantes de asentamientos del Gran Resistencia, del barrio Mapic y de Barranqueras. “La política sojera, minera y de entrega petrolera del gobierno de Cristina Fernández y Jorge Capitanich beneficia a banqueros, industriales, terratenientes, pooles de siembra, monopolios extranjeros y a su grupo de amigos que utiliza las palancas claves del estado para enriquecerse con mega proyectos extractivos”, sostienen.

En éste contexto, aseguran que el proyecto de país al que llaman el “modelo” de la “década ganada” no solo castiga con el ajuste a la salud, la educación, el boleto de colectivo, el salario, el empleo y los precios de la canasta familiar sino que también torna imposible el derecho a una vivienda propia en la medida que acentúa la expulsión de las poblaciones rurales de pequeños y medianos productores y originarios a las villas.

“Los compañeros pierden su fuente laboral, sus tierras rurales de las que son desalojados y no tienen tierras urbanas, ni trabajo para vivir con dignidad y poder construir un techo propio”, plantean. En éste punto, ejemplifican que entre los casos más recientes son los de la familia Verón o pequeños productores desalojados con topadoras después de vivir más de 20 años en sus tierras, los compañeros de Barranqueras y los originarios del barrio Mapic, quienes tienen una promesa de expropiación del propio gobernador hace 2 años.

“Desde el gobierno informan que Castelli y Charata son las localidades de mayor crecimiento en los últimos años. A la primera emigran de El Impenetrable y a la segunda de toda la zona sojera del sudoeste. Las parejas jóvenes que buscan independizarse tampoco pueden acceder a una vivienda digna y pasan a engrosar el contingente que viene del interior, con las mismas necesidades y el mismo reclamo: tierra para vivir, tierra para trabajar”, repasan.

La asistencia social no son respuestas

“Los planes, la asignación universal y los bolsones no son una respuesta suficiente para las necesidades populares”, sostienen. En éste punto, opinan que éste tipo de asistencia social es utilizada como instrumentos del aparato clientelar de los gobiernos de turno, distribuidos entre sus propios punteros. “Los que no aceptan esas migajas sufren la criminalización de la justicia y la represión de la policía, la misma justicia que no hace nada ante los feminicidios, la misma policía del gatillo fácil contra los compañeros aborígenes”, plantean.

En este marco de situación, la Multisectorial del Chaco se solidariza con todas las ocupaciones de tierras de quienes, sin solución, cansados de las promesas y con una bronca creciente frente a la imposibilidad de disponer de un lote en una región con miles de hectáreas, hoy ejercen de hecho un derecho constitucional en democracia que la misma clase dirigente prometió y nunca cumplió.

“Bronca también frente a tanta ostentación de riqueza, denuncias de corrupción, sin que nadie vaya preso y en medio de una campaña electoral con sumas millonarias que contrasta enormemente con la pobreza y la angustia de miles de familias necesitadas”, expresan y consideran que “no se pueden admitir los anuncios de crecimiento económico y récord de recaudaciones por un lado y negar soluciones concretas al pueblo con amenazas de desalojos por el otro”