La defensa del ministro de Salud nacional, Juan Manzur, insistirá con su estrategia judicial para lograr que la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito sea tramitada en los tribunales provinciales. Ayer, luego de conocer la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones ratificando la competencia del juez federal Daniel Bejas, el abogado Agustín Ferrari adelantó que cuestionará la sentencia.

Por unanimidad los camaristas Raúl David Mender, Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino, Ricardo Sanjuán (presidente) y Marina Cossio de Mercau ratificaron en todos sus términos la resolución firmada el 7 de octubre por Bejas, respecto de la competencia de los tribunales federales.

Frente a ello, el patrocinante del vicegobernador (en uso de licencia) confirmó que está estudiando la posibilidad de interponer un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal. "Estamos analizando el fallo y consideramos que lesiona el principio constitucional de que todo ciudadano, funcionario o no, debe ser juzgado por el juez natural de la causa, en este caso un juez provincial", sostuvo Ferrari. En caso de que el recurso se formalice, la Cámara Federal de Apelaciones deberá decidir si lo eleva a Casación Penal o no.

Los camaristas, en su resolución, fueron contundentes al ratificar la competencia federal. Advirtieron que en el expediente se investiga la presunta comisión de un ilícito por parte de un funcionario nacional, "en ejercicio de su cargo y en perjuicio del patrimonio público nacional". En sus fundamentos, aseguraron que Manzur ostenta el cargo de ministro de Salud de la Nación, y que dicho período constituye el límite temporal del hecho que se investiga. "Es decir, la constatación o no de un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado, con posterioridad a la asunción de ese cargo", concluyeron los jueces.

Ferrari, además, insistió en que no hay elementos para la hipótesis delictiva. "El ministro hizo una presentación espontánea ante la Justicia para justificar la legitimidad de su patrimonio y creemos que no hay elementos para una causa penal", aseguró el abogado.

Por su parte, el abogado denunciante, Oscar López, celebró el fallo de la Cámara y sostuvo que demuestra que la Justicia es el principal freno de contención ante un poder político y legislativo que no cumple con su rol. "Recomiendo al candidato a vicegobernador que organice un curso enseñando a los agentes del Siprosa su método de administración personal, a fin de que ellos también -y sin necesidad de los aumentos que reclaman- puedan enriquecerse con sus magros ingresos", ironizó.

En el marco de la causa, el 18 de octubre se abrieron los sobres lacrados con las últimas declaraciones juradas de Manzur, desde 2003 a la fecha. La primera se refiere a su gestión como ministro de Salud de la Provincia, en el primer mandato de José Alperovich como gobernador, y fue remitida por el Poder Ejecutivo; la segunda es de cuando asumió como vicegobernador, en octubre de 2007 (la envió la Legislatura); y las últimas son las presentadas por el ministro ante la Oficina Anticorrupción de la Nación en agosto de 2009 (al mes de asumir el cargo) y de junio pasado.

En este último documento Manzur admitió un patrimonio superior a los $ 5 millones, convirtiéndose con ello en el ministro más rico del gabinete nacional, según publicó el diario porteño "La Nación". El balance es producto del valor de 24 propiedades (campos, terrenos, departamentos, casas y locales), un auto Volkswagen Passat modelo 2007 y un cuatriciclo Honda.