La expropiación de 39 hectáreas de la finca Las Vegas, en el sur de la capital salteña, sigue sumando cuestionamientos. Primero fueron los sucesores de Celestino Burgos los que denunciaron, a fines de 2012, un avasallamiento de derechos. Ahora son los dirigentes vecinales de 16 barrios de la zona los que objetan el destino fijado para esas tierras por la ley expropiatoria.

Según la norma, que fue promulgada el 12 de diciembre último, la fracción que colinda con los barrios San Remo, San Nicolás, Scalabrini Ortiz, El Círculo y Parque La Vega será entregada en 2.800 lotes a familias carenciadas.

Referentes de esas y otras once barriadas aledañas, pobladas por cerca de 17.000 vecinos, pusieron en claro ante funcionarios provinciales que defienden el derecho de familias sin recursos a acceder a un techo digno y que, por esa misma y fundamental razón, exigen que se entreguen allí viviendas sociales, como ocurre en las nuevas urbanizaciones de la zona norte, donde las respuestas habitacionales se canalizan a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y no, como operará en las 39 hectáreas de finca Las Vegas, por cuenta exclusiva de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.

Los dirigentes vecinales de esa zona de la ciudad de Salta insistieron en esto, el pasado miércoles, en una audiencia con el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Hanne, y su par de Obras Públicas, Sergio Zorpudes. Esperaban ser recibidos por el gobernador Juan Manuel Urtubey pero tuvieron que conformarse con las explicaciones de ambos funcionarios. Las respuestas no contentaron a los vecinos y se acordó una nueva reunión, a mediados de semana, con fecha y hora aún sin confirmar.

Los planteos vecinales

Los dirigentes de los cinco citados barrios; las etapas 2, 3 y 4 de El Círculo, Santa Anita, Don Santiago, El Porvenir, Arturo Illia, El Parque, Los Gremios, Pablo Saravia y Monseñor Tavella plantearon que el carácter solidario de la construcción y entrega de viviendas sociales se desnaturalizó de tal modo que las operatorias del IPV favorecen a las clases más acomodadas, mientras que los grupos más desposeídos terminan segregados en asentamientos precarios o informales (como castellanizó el diccionario al término brasileño favela), hacinados en taperas, sin agua potable, cloacas, seguridad ni integración social.

Los dirigentes barriales, concretamente, aludieron a una ciudad partida en dos y a una “favelización”, cada vez más marcada, en la zona sur.

Agrupados en una suerte de Federación Vecinal del Sur, reclamaron una participación activa en la planificación urbana de esas 39 hectáreas, donde consideran indispensables obras de captación, conducción y distribución de agua potable, como así también adecuaciones y ampliaciones de redes cloacales, para no agravar los problemas crónicos que arrastra toda esa zona con los servicios básicos.

En la reunión con Hanne y Zorpudes, Benito Ayón, referente de Santa Anita, hizo notar que allí cerca de 150 familias “vivimos desde hace 22 años sin agua ni cloacas” en siete manzanas.