Insisten en abrir causa al segundo de Zannini por enriquecimiento

Insisten en abrir causa al segundo de Zannini por enriquecimiento
El fiscal federal Patricio Evers volvió a pedir que se investigue el patrimonio de Carlos Liuzzi. Campos en Mendoza en la mira.
El fiscal federal Patricio Evers reiteró hoy su pedido para que se reabra una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Carlos Liuzzi, segundo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

Lo hizo luego que el juez federal Norberto Oyarbide se negara areabrir la causa archivada y que, incluso, rechazara su recurso de apelación.

Mediante una queja ante la Cámara Federal, el fiscal Evers pidió a la Cámara Federal que intervenga y así se reabra el expediente contra Liuzzi.

El caso surgió a partir de una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans en 2012, en la que se planteaban supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y el presunto enriquecimiento de Liuzzi.

Oyarbide había archivado el 20 de diciembre de 2012 el tramo de la causa por presuntas negociaciones incompatibles y, días atrás, Evers pidió la reapertura del caso por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según indica la denuncia, el patrimonio de Liuzzi se multiplicó por 38 desde 2003 a la fecha, lo que vinculó a la firma "Administradora de Conocimientos S.A", la cual tendría contratos con el Estado.

Advirtió, en este sentido, que Liuzzi sería titular de un campo en Mendoza valuado en 10 millones de dólares y tendría propiedades en Pilar y Puerto Madero.

A partir de "nuevos elementos" el fiscal Evers había pedido días atrás la reapertura del caso, pero Oyarbide rechazó el pedido así como la apelación posterior.

Liuzzi volvió a quedar bajo la mira luego de que el juez Oyarbide asegurara que, a partir del llamado de ese funcionario, suspendió un allanamiento que el mismo había ordenado en la financiera Propyme, del empresario Guillermo Greppi.

Ahora, Evers planteó una queja ante la Cámara con fuertes cuestionamientos al magistrado: en su escrito denunció que, al rechazar la apelación, el juez Oyarbide cercenó "la función que le es propia al Ministerio Público Fiscal de manera arbitraria" y que generó una situación de "privación de Justicia".

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