La inseguridad agiganta la vulnerabilidad ciudadana. Mar del Plata está acorralada, la estadística desborda los anuncios y expresiones de deseos. El escenario no se discute y la relación tasa criminal (asesinatos/ miles de habitantes) crece pese a que se intenta revertir una situación que escalda a la población.
Para hacer foco en el objetivo excluyente, reproducimos textuales de monseñor Antonio Marino, los fiscales Marcos Pagella y Andrea Gómez, y el juez federal Alfredo López. Los mismos abordan el tema desde el punto de vista religioso, como miembros del Ministerio Público Fiscal y como juez de la Nación, respectivamente.
“Cuando hablamos del “cuadro social”, estamos mencionando una realidad muy amplia. Todo el mundo sabe que ha crecido el comercio infame de la droga que arruina a nuestra juventud y se vincula en buena parte con el auge de la delincuencia. La combinación de pobreza, droga, delincuencia, jóvenes que ni estudian ni trabajan, resulta explosiva y preocupante. Sobre droga y violencia, los obispos hemos hablado con claridad, en sendos documentos, al término de la Asamblea Plenaria de noviembre de 2013 (droga), y en la de mayo de este año (violencia). Ambos documentos causaron impacto y suscitaron reacciones. Nosotros siempre hablamos como pastores y no como técnicos ni como políticos. Lo que se dice en estos documentos vale también para Mar del Plata, porque nuestra ciudad no es una isla”, afirmó Monseñor Marino.
En cuanto al mal estado de la cárcel de Batan, el fiscal Marcos Pagella aclaró que: “de acá no se va más nadie porque no quieren. La verdad que es desastrosa como está. Hacia un tiempito que no iba y la verdad que está para cerrar y para que se vayan. Hoy a la mañana que llovía también había más agua adentro que afuera, los pasillos inundados, un desastre.”
Por su parte la fiscal Andrea Gómez sentenció que “a veces tengo vedado a mi personal que vaya a lugares de Mar del Plata en los que su vida pueda correr peligro, algo que muy pocas veces se sabe”.
Asimismo el juez federal Alfredo López indicó: “creo que el problema tiene incidencia judicial y policial, pero fundamentalmente es político porque no hay una decisión de combatir seriamente y con el rigor que corresponde el nivel de inseguridad por las máximas autoridades nacionales”.


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