Muchas veces el destino nos hace una jugarreta… y nos deja "mal parados".
Estoy convencida que lo expresó de buena fe, confiando en que el Operativo Centinela, destinado a reforzar la seguridad en esa jurisdicción con uniformados de la Gendarmería Nacional, ya produjo esos resultados.
Este operativo fue ideado por el ex presidente Néstor Kichner. Es un trabajo en equipo entre una fuerza federal de seguridad, como la Gendarmería, y la policía bonaerense.
Lo que llama la atención es que la ministra no explicó cual es su fuente y en que cifras se basa para hablar de una baja del índice de delitos.
Corresponde a la Suprema Corte de la Provincia elaborar semestralmente las estadísticas. Voceros de la Procuración General de la Corte afirmaron que los últimos datos disponibles son los del primer semestre de 2010 y que aún no hay estimaciones preliminares de la tasa delictiva del segundo semestre.
¿No hay estimaciones preliminares? En un tema tan candente como el de la inseguridad llama la atención la negligencia o inoperancia del Tribunal Superior.
Las cifras deben ser públicas y tienen que reflejar la realidad del delito. De lo contrario resultaría una burla no sólo para aquellas familias que están llorando a sus muertos, sino también para toda la sociedad.
El miedo que provoca la inseguridad
No se puede negar: todos estamos muy asustados por la ola de inseguridad. Tememos a esos delincuentes que nos han cambiado hasta la forma de vivir. Y deseamos que sean castigados con todo el peso de la ley.
Pero debemos tener cuidado de que el repiqueteo mediático, muchas veces agobiante, no nos conduzca al pánico. Ni cifras mentirosas, ni políticas derivaciones en provecho de algunos.
En un Estado de derecho, pilar de una democracia como la nuestra, la convivencia ciudadana sólo es posible cuando existe una serie de garantías que nos protegen frente a los demás y también frente a posibles arbitrariedades del gobierno.
Pero el problema surge cuando la delincuencia gana terreno y afecta nuestra vida cotidiana. No debemos defendernos por mano propia, salvo casos de legítima defensa. El Gobierno es el que está obligado a combatir al crimen, y al mismo tiempo salvaguardar los derechos individuales, incluso y aunque nos pese, las garantías de los propios delincuentes.
La inseguridad es hoy el primer problema del país, tal como marcan las encuestas. Y sus causas se encuentran en primer lugar en la pobreza, la falta de profesionalismo de la policía y la corrupción.
No se habla de "leyes blandas", sí del modo en que estas leyes se aplican.
La gente se siente principalmente insegura cuando se utiliza el transporte público de noche, cuando se camina por la calle en la madrugada, cuando se viaja en automóvil, hoy, a cualquier hora, y cuando se intenta ingresar al domicilio.
Un alto porcentaje de ciudadanos tiene alguna víctima en su familia o en su círculo de amigos. Motivo por el que la ciudadanía está dispuesta a apoyar a las autoridades. Todos los días surgen nuevas ideas, tales como denuncias en caso de sospecha, vigilancia, patrullaje en el barrio, etc.
El balance arroja aspectos positivos y focos débiles. Las autoridades tienen las expectativas y participación ciudadana de su lado, pero se enfrentan con un alto grado de escepticismo en cuanto a su efectividad. El reto es diseñar estrategias efectivas contra la delincuencia, que fortalezcan el tejido social y el entramado institucional. Sólo así tendremos más seguridad dentro del marco democrático.
Comentá la nota