La Subsecretaría de Asuntos Municipales inició las acciones preliminares para auditar el gasto salarial de los municipios con más compromiso financiero, aquéllos que solicitan mes a mes la ayuda del Fondo de Emergencia. Las auditorías fueron solicitadas por la Comisión de Participación Municipal, que busca establecer los nuevos parámetros para brindar la asistencia, de manera de preservar recursos y evitar que el Fondo quede desfinanciado.

Según confirmaron desde el área de Gobierno, un equipo técnico está realizando el entrecruzamiento de datos que obtiene de dos fuentes: las declaraciones juradas de personal que envían los intendentes, y las liquidaciones que se realizan a través de la DIO, para determinar con precisión el personal de planta que tiene cada comuna. Posteriormente, se realizarán visitas a cada distrito para recabar información complementaria, como la cantidad de empleados en modalidad transitoria, esto es, contratados y becados de cada jurisdicción.

La Comisión que preside la intendenta oficialista de Icaño, Olga Santillán, pretende implementar nuevos criterios en la ayuda que mes a mes se otorgaba a una docena de municipios de la provincia.

Es que los recursos que debían ser usados en situaciones de emergencia, se destinaron a subsidiar a los intendentes que declaraban un uso del 70% o más de la coparticipación para el pago de sueldos.

Esta práctica derivó en el desfinanciamiento de un Fondo que en teoría sirve para las coyunturas financieras de todos los municipios. Algunos intendentes, inclusive, se quejaron por no contar con esta herramienta en caso de alguna emergencia.

Por eso se decidió aplicar restricciones en el gasto. En primer término, se estableció que la asistencia se daría en adelante únicamente en función del personal de planta, sin incluir los últimos aumentos, siempre y cuando no se hayan producido designaciones nuevas de agentes.

Esto implicó que los jefes comunales debían hacerse cargo con fondos propios del personal con contratos o becas.

Posteriormente, los integrantes de la entidad que agrupa a las comunas decidió aplicar más ajustes: la ayuda sólo se daría a los municipios que tuvieran un gasto salarial del 80% o más de su coparticipación.

Con esta modalidad, en la última reunión de la Comisión del año pasado, se acordó la ayuda para los tres primeros meses de 2010. Y se pidieron las auditorías para determinar con precisión cuánto gasta efectivamente cada distrito en los sueldos.

Uno de los intendentes que se expresó a favor de estas indagaciones es el jefe comunal de Fiambalá, Amado "Coco" Quintar, quien habría solicitado que su distrito fuera el primero en ser auditado, una vez que se defina el cronograma de visitas.