El conflicto de los docentes con el gobierno bonaerense por el aumento salarial parece no tener fin: hoy continúa el paro y, por el momento, los maestros no fueron convocados a una nueva reunión para tratar de destrabar un entuerto que viene más complicado que años anteriores.

El ciclo lectivo debía haberse iniciado el 5 de marzo, pero los sucesivos encuentros que se llevaron adelante entre ese día y mediados de la semana pasada concluyeron en fracaso y, por lo tanto, las aulas se mantienen vacías.

En la última negociación, los emisarios de Daniel Scioli ofrecieron un incremento del 30,9 en dos cuotas, propuesta que fue rechazada por los gremios, desde donde se busca lograr una mejora del 35 por ciento.

Francina Sierra, secretaria general de Suteba Junín, dijo que el Frente Gremial que esa entidad integra junto a la Unión de Educadores Bonaerenses (Udeb) sostiene su decisión de no iniciar las actividades escolares hasta tanto no surja una “oferta superadora”.

“Oficialmente no nos han llamado para una nueva reunión”, le dijo a Democracia la dirigente, quien adelantó que hoy por la mañana se realizará una concentración en la Plaza Evita (Pasaje Venini y Pasteur) con el fin de repartir volantes y folletos con información sobre las causas del paro.

Sierra adelantó que si entre hoy y mañana no hay novedades, “se realizará una movilización provincial”.

“La clase trabajadora no nació para ser furgón de cola de las clases dominantes y, lamentablemente, hay muchos que se olvidan de eso cuando salen a hablar”, comentó la titular de Suteba.

Derecho vulnerado

Por su parte, Nora Schulman, quien preside el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn), recalca que si bien el reclamo de los docentes es válido, es urgente activar mecanismos que colaboren a reactivar las escuelas. “Tanto el gobierno -nacional y provincial- como los gremios están en una postura irreconciliable. El Estado, al no llegar a un entendimiento con los docentes, no está cumpliendo con un derecho básico para la infancia”, destaca Schulman.

En el mismo sentido, aclara que, tal como lo establecen las leyes y convenciones vigentes, cuando en una sociedad colisionan dos intereses contrapuestos que deben ser resueltos y que involucran a niños y adolescentes, siempre debe primar el bienestar de los más pequeños. “Se toma una postura como de castigo, que repercute en el chico y la familia, cuando en realidad las cuestiones de los adultos deben resolverse sin afectar a los más chicos”, sentencia Schulman.

Desde el punto de vista de Mónica Matilla, doctora en psicopedagogía, es justamente el Estado quien debe ser el garante de ese derecho. Para la especialista, el impacto que el conflicto genera es muy fuerte y acarrea consecuencias graves debido a los retrasos en el proceso de aprendizaje de los chicos.

Por otro lado, agrega Matilla, esta situación lleva a que la figura del docente quede desvalorizada desde el punto de vista social y eso termina impactando en los niños. “Si el Estado verdaderamente confiara en que los docentes están formando a los ciudadanos del mañana, entonces apostaría más a mejorar la situación de los mismos”, sentenció la experta en educación.