El estado provincial invierte por mes $ 6.089 por detenido, cerca del 82% se utiliza para pago de salarios y mantenimiento –según el último Informe de la Comisión Provincial por la Memoria-. El 18 % es para las erogaciones en los rubros de comida, limpieza y medicamentos. “Gran parte de estas partidas se pierden en los circuitos de corrupción que están ligados a las inhumanas condiciones de detención y malos tratos o torturas que padecen los detenidos”, según se menciona en el Informe.

En cuanto las condiciones de detención se indicó que “las unidades penales provinciales padecen deficiencias edilicias estructurales. Esto produce gran cantidad de problemas, desagües cloacales colapsados y obstruidos, falta de colchones, hacinamientos en las celdas y pabellones, frío, oscuridad, falta de agua potable, etc.

Otro dato es que el 41 % de los detenidos en la provincia tiene entre 25 a 34 años de edad, en tanto que en la edad comprendida entre los 18 y 24 años, alcanzan un 28 % del total. También el 44 % son personas que se encuentran en situación de desempleo y el 36 % ocupado en tiempo parcial. En cuanto a la situación educativa el 44 % solo tiene el primario completo y el 28 % no culminó la primaria. Del total de internos sólo 1.205 son mujeres.

Además, en otro informe se revela que más de 12.000 detenidos en la provincia lo están por robos y tentativas de robos, mientras que 3.617 lo están por homicidios dolosos. En tanto que cerca de 1.500 se encuentran detenidos por Infracción la Ley de estupefacientes. Estos datos indican que la mayor cantidad de detenidos en la provincia están en esa condición por delitos cometidos contra la propiedad y la mitad de esta cifra por homicidios dolosos.

Situación UP 3

En la ciudad de San Nicolás el total de detenidos en la Unidad Penal Nº 3 alcanza a 492 internos, la mayor cifra de reclusos desde el año 2006. En ese año había 465 internos lo cual representa un crecimiento del 4 %.

Otro aspecto relevante es que más del 75 % de los detenidos en la cárcel de San Nicolás no tienen condena firme, están procesados o con prisión preventiva. Lo cual alcanza a una cantidad de 375 procesados.

Solo el 23 % de las 492 personas alojadas en la UP 3 tiene una condena firme, es decir 117 de los internos actualmente detenidos. En cuanto al régimen de salidas 35 de los internos tienen salidas transitorias.

Para obtener el beneficio de salidas transitorias es necesario tener la mitad de la pena cumplida o 15 años si la mitad fuese superior. Entre los motivos contemplados por la ley para estas salidas transitorias se encuentran: afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales; o para cursar estudios de educación general básica, polimodal, superior, profesional y académica de grado.

También se informó que los internos pueden tener egresos transitorios, bajo el régimen de “salidas extraordinarias” por fallecimiento o enfermedad grave de algún familiar directo.

El texto de la normativa dice que: “Sin que esto importe suspensión de la pena, el Juez de Ejecución o Juez competente podrá autorizar que el penado salga del establecimiento carcelario en que se encuentre por un plazo prudencial y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un pariente próximo”.

Informe

El Informe de la Comisión Provincial por la Memoria revela que en 2011 el CCT recibió 7.089 denuncias por malos tratos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos en las cárceles de la provincia, una cifra que representa un incremento del 30% respecto a lo ocurrido en 2010. También indica que 126 personas murieron en las prisiones el año pasado, el 40% de las cuales falleció por causas “traumáticas”.

Además, el informe de la CPM precisa que en 2011 se registraron 10.458 hechos violentos informados por el Servicio penitenciario -lo que representa un incremento del 31% respecto de 2010. Y que en 8 de cada 10 casos de estos hechos se lesiona el cuerpo de los detenidos. Y habla de un nivel importante de sobrepoblación: hay 18.640 plazas en las que se alojan 27.991 detenidos.

El Informe revela un aumento del 30% en las denuncias por casos de torturas y un incremento de las muertes violentas, por lo que pedirán al Gobernador Daniel Scioli que implemente medidas urgentes para “democratizar” el Servicio Penitenciario.

Y además, insistirán en que la cámara de Diputados avance con la aprobación de la creación de un mecanismo de prevención de la tortura integrado por representantes del Naciones Unidas, que ya tiene sanción de la cámara de Senadores provincial.